Por: Jorge Raffo*
“Mediante el decreto emitido el 29 de octubre de 1829 se estableció que: aunque por las leyes constitucionales de la República y del Estado los indígenas estaban igualados a todos los ciudadanos continuaban exonerados del pago de los diezmos y primicias” (Barahona, 1995, citado por García Buchard, 2007).
La cancillería peruana, después de la visita de Morazán a Lima en el último trimestre de 1841, redobló su interés en la gesta integracionista de este paladín centroamericano y, aún después de su fatídica desaparición en 1842, siguió con atención los pasos de sus seguidores Trinidad Cabañas y Gerardo Barrios que, intentando mantener vigente el legado morazánico, apoyaron el levantamiento de Texiguat en Honduras. Desde la tierra de los incas era difícil seguir el devenir de los acontecimientos, además las relaciones entre ambas naciones aún no se habían establecido y la legación peruana más cercana estaba en Panamá, por lo que se decidió recurrir a fuentes no diplomáticas, es decir, al comerciante de cueros y carnes peruano Leoncio o Luciano Gutiérrez para contar con impresiones de primera mano sobre todo de los años 1843 a 1845 en los que el país experimentó diecinueve batallas y sinnúmero de escaramuzas y emboscadas. Dos años en que Honduras vivió la zozobra de luchas fratricidas luego de los cuales el proyecto morazánico no pudo imponerse quedando políticamente quebrado -por el fusilamiento de sus principales seguidores- aunque ideológicamente vigente en el imaginario popular mientras que Gutiérrez, morazánico confeso, decidió -por seguridad- cerrar su negocio y relocalizarse en El Salvador.
Se discute aún hoy las razones que llevaron a la población al levantamiento de Texiguat en 1843. La versión aceptada centra en los partidarios de Morazán la responsabilidad del alzamiento. Otros, sin embargo, señalan que la insurrección de Texiguat fue la respuesta indígena ante la pérdida de derechos alcanzados durante el período virreinal y que la entonces República suprimió por considerarlos “privilegios” reemplazándolos por impuestos o contribuciones forzosas que crisparon los ánimos de una región del territorio hondureño seguidora de Morazán. Finalmente, para un grupo no menor de investigadores, “estos enfrentamientos son una de las formas de expresión del conflicto liberal-conservador cuyo eco se sentía en el ambiente político centroamericano”.
La verdad podría encontrarse en la combinación de estas tres lecturas históricas. Texiguat, El Portillo y El Corpus habían peleado por la causa de Morazán porque la conducta política de este líder respetó los alcances de la Constitución de 1829 respecto a la condición jurídica de las poblaciones indígenas, su conocimiento de la idiosincrasia local le llevó a la convicción que no era el momento de cuestionar algo que la propia Constitución respaldaba. Por su parte, para los indígenas la rígida actitud de la administración Ferrara solo les produjo desasosiego y un fuerte escepticismo respecto al régimen por el que antaño habían derramado su sangre. Como señala García Buchard (2007), para las comunidades indígenas “la defensa de los derechos establecidos por la reglamentación colonial fue su prioridad pero que en el contexto de 1843 eran visualizados como “privilegios” por los mestizos”. La duda de estos pobladores originarios era razonable, cómo creer en un sistema que ahora les retiraba lo ganado en el campo jurídico y les agredía militarmente.
La mecha que encendió el polvorín y que aglutinó a los pobladores de Texiguat fue la nueva ley de registro de tierras del 29 de marzo de 1843 y la nueva ley de policía del 7 de abril del mismo año. Los insurrectos recibieron el apoyo de las municipalidades de Liure, Yuscarán y Comayagüela así como de algunos pueblos del departamento de Olancho (Durón, 1965). En 1844, “Joaquín Rivera, Francisco Sancho y Simeón González se encontraban a la cabeza de este movimiento”. Sin embrago, un año después, a pesar de los refuerzos proporcionados por Nicaragua a los ahora llamados “facciosos de Texiguat”, son derrotados por Santos Guardiola y sus fuerzas. Estas habían logrado aislar y reprimir a los aliados de Texiguat. Ejecutados los cabecillas, la “revolución” perdió fuerza. El epílogo de esta historia lo señala García Buchard (2007) “el gobierno central, con el objetivo de prevenir posteriores levantamientos, encomendó a las autoridades departamentales la tarea de reubicar y reestructurar los pueblos que habían participado en los levantamientos”, es decir, se produjo una diáspora impulsada desde el Ejecutivo. “Esta situación persistió hasta el año de 1848 cuando el gobierno de Juan Lindo autorizó la reedificación del pueblo de Texiguat y permitió a sus viejos pobladores volver a congregarse en sus heredades” (Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales, 1934).
Durante sus servicios al Perú, Gutiérrez adoptó la costumbre de firmar “Taniter”, curtidor en latín, prudente medida ante la ebullición política hondureña y los convulsos años que discurrieron ante sus ojos.
*Embajador del Perú en Guatemala.