Por: Oscar Estrada
La subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad de Honduras, Dra. Semma Julissa Villanueva, reveló en una entrevista televisiva, información alarmante sobre la muerte de 46 mujeres en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ocurrida el pasado 20 de junio de 2023. Según la subsecretaria, se encontraron en la escena de la masacre, unos 120 casquillos de balas 9x19mm, de los cuales 119 tenían la inscripción “IMI-PN”, indicando su origen de la Industria Militar Israelí y asignación a la Policía Nacional de Honduras.
La doctora Villanueva afirma que la investigación reveló que 15 balas de 9mm recuperadas coinciden con las armas decomisadas en la escena, específicamente con una pistola tipo submetralladora (IMI-17PN), que utiliza munición asignada a la Policía. Además, estas balas presentan marcas correspondientes a los fusiles de asalto 5.56 Anderson, lo que sugiere una posible implicación de agentes policiales en el crimen.
Las declaraciones de la doctora Villanueva son serias y ponen al país en una situación delicada, pues constituyen una aceptación tácita, por parte del Estado de Honduras, de la participación de sus agentes en violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de mujeres bajo custodia estatal.
Agrava la situación, la falta de avances significativos en la investigación judicial, cinco meses después del incidente, que genera preocupaciones sobre la posible contaminación o alteración de pruebas por parte de los implicados, quienes aún no han sido identificados ni procesados adecuadamente.
La Policía respondió en un comunicado a las declaraciones de Villanueva, afirmando que existe un parque de municiones que vinieron para la Policía Nacional, que no fue encontrado en el almacén al inicio de esta administración. Eso, la verdad, no reduce el problema, pues se sabe que para ingresar las armas al local, las autoras materiales de la masacre debieron recibir la colaboración por parte de los cuerpos policiales a cargo del recinto penitenciario.
Lo que más resalta de ese comunicado, es que la Policía señala lo establecido en el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos y la normativa jurídica nacional, donde afirma que los agentes y funcionaros, en el ejercicio de sus funciones oficiales, deberán actuar de acuerdo con los mejores intereses del Estado y de la nación hondureña; por lo que, ningún funcionario de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad ni de la Policía Nacional podrá poner en riesgo los procesos investigativos, divulgándolos, mientras sus resultados no se hayan presentado ante los órganos jurisdiccionales.
Según la Policía Nacional, el problema no es la falta de resultados en la investigación de la masacre de la cárcel de mujeres sino que la subsecretaria violó el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos y la normativa jurídica nacional, al revelar información que -según afirman- podría poner en peligro la investigación. La doctora Villanueva respondió por X, afirmando que “los valores éticos y todo (lo) relacionado con nuestro comportamiento genera credibilidad. Referirse ahora a estos códigos que manipulan para obstruir la verdad científica es grave, la secretividad de la investigación en este país es complicidad y silencio siniestro”.
No es la primera vez que Villanueva entra en confrontación con la Policía Nacional. Antes, en 2022, ella señaló la participación de la Policía en la muerte de la enfermera Keila Martínez, en el departamento de Intibucá; en 2018 denunció la vinculación de la Fiscalía en el asesinato de Sherill Yubissa Hernández Mancía, en Santa Rosa de Copán; fue crítica por la forma como se manejó la investigación de la muerte de los tres aspirantes a agentes de la Academia Nacional de Policía en 2021 y aunque al inicio de su administración intentó tomar partido por el cuerpo policial, defendiendo a los agentes en su participación en la muerte del joven Wilson Ariel Pérez Hernández, lo cierto es que su relación nunca fue fraterna con el cuerpo armado.
Para nadie es sorpresa entonces, que Villanueva haya sido marginada dentro de la Secretaría. Ella los ha denunciado en todos los espacios que puede, tratando de desmarcarse de la masacre de la cárcel de mujeres, culpando tanto al exsecretario Sabillón como al actual secretario Sánchez. Tampoco es secreto que ella se ve ya afuera del cargo que ostenta; y quizás sea por esa razón que ahora busca un protagonismo quijotesco, atacando a los molinos de viento que imagina gigantes, confundiendo con hechiceros a los frailes de la Orden de San Benito; o a las ovejas y cabras del monte que ve como ejércitos combativos, solo para ser apedreada por todos los flancos, sin que nadie la defienda.