El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, llegó al Ministerio Público con supuestas pruebas contra empresarios.
Ochoa llegó en un camión acompañado de varios simpatizantes de Libre, quienes cargaron 15 cajas que fueron expuestas en las afueras del MP.
El funcionario había anunciado que llegaría al MP para acusar a empresarios de beneficiarse con las exoneraciones fiscales y al COHEP por representarlos y protegerlos.
Mientras Ochoa llegaba, representantes del COHEP ya estaban en el MP esperando las supuestas pruebas.
El asesor legal del COHEP, Gustavo Solórzano, dijo que: “Hay algunos funcionarios que no entienden qué es dialogar, les gusta las imposiciones, pero no son todos”.
Ochoa había denunciado en su cuenta de X, ex Twitter, que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), era una mafia con vinculaciones a la narcoactividad, y que representaba a 10 familias a las que acusa, sin presentar pruebas, de enriquecerse ilegalmente y ante los pedidos del COHEP prometió presentarse ante la Fiscalía General con las pruebas que incluyen sus acusaciones al organismo empresarial.
Ochoa nunca presentó evidencia alguna contra el gremio que representa a la iniciativa privada y mucho menos identificó o presentó relación de las 10 familias con actividades ilegales, a lo cual se había comprometido.
Acuerpado por funcionarios estatales, diputados y militantes del partido oficialista Libre, el director de la SAR solo mostró una serie de cajas con supuestas pruebas contra cuatro empresas jurídicas, pero igual no las identificó, tal como había prometido.
Ochoa dice que en las cajas hay 16 mil páginas de evidencia de supuesta corrupción y que las mismas son suficientes para que el Ministerio Público emita requerimientos fiscales.
Indicó que en la documentación va suficiente evidencia como “declaraciones de impuestos, declaraciones aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos” y otros.
Ochoa hizo los mismos señalamientos que durante más de un año ha hecho contra empresas y contra los regímenes de exoneración que el gobierno busca eliminar con la nueva Ley Tributaria que se encuentra a trámite en el Congreso Nacional.
Atacó que durante la administración anterior del Partido Nacional se “legalizó el saqueo y la corrupción”, reiterando la denuncia de la aprobación de una serie de leyes que se hicieron en enero del 2014 cuando se aprobaron contratos y leyes que a su juicio beneficiaron a empresas y 10 familias.