German Leitzelar
Desde una perspectiva simple y de expectativas de la nación, el rol que se espera de parte del Fiscal General de la República es el de liderar y supervisar el sistema de justicia penal. El viene a ser la máxima autoridad para dirigir y coordinar a los fiscales en la investigación y enjuiciamiento de delitos garantizando la imparcialidad, la legalidad y la equidad en el proceso judicial, protegiendo así los derechos de las víctimas y que los acusados reciban un juicio justo.
La Fiscalía General también juega un rol crucial en la promoción y defensa del Estado de derecho, por medio de la supervisión de una correcta aplicación de las leyes, investigación de casos de corrupción, abuso de poder y velar por que los funcionarios públicos actúen de acuerdo con los parámetros de legalidad que determinan su funcionamiento. Además, en un mundo ideal en cuanto al desarrollo de amplio de sus funciones puede este influir en la formulación de políticas criminales que amplíen los efectos positivos de su desempeño, mientras se aboga por la aprobación de reformas legales que vengan a fortalecer el sistema de justicia.
Así las cosas y pasando a su funcionamiento práctico, velar por su independencia fuera de ser una aspiración de la sociedad, es una necesidad esencial para prevenir interferencias políticas indebidas y así poder asegurar la imparcialidad y efectividad de este órgano en la persecución de delitos y al mismo tiempo, permitir la debida colaboración con otras instituciones, tanto judiciales como de las fuerzas de seguridad y todo organismo relacionado con la influencia de su temática, garantizando la cooperación en la lucha contra la criminalidad. Así pues, el papel de la Fiscalía General debe liderar el debido funcionamiento del sistema de justicia penal, garantizando equilibrios entre los derechos de las partes y supervisión del debido proceso al perseguir delitos, contribuyendo así a la creación la sociedad justa y ordenada que todos deseamos, en otras palabras, una Fiscalía para Honduras, no para unos pocos.
Si el Fiscal General de una República carece de independencia y es manipulado por elites de poder, las consecuencias para el sistema de justicia y el funcionamiento democrático del país son directas y perjudiciales en cosas como: Falta de imparcialidad, un sistema sometido a la influencia de estos grupos de poder, podría perseguir selectivamente a ciertos individuos o grupos o no perseguir a otros, lo que seguiría socavando la confianza en el sistema judicial y generara descontento público. Impunidad, misma que sería consecuencia de lo anterior creando un ambiente donde aquellos en posiciones de influencia seguirían eludiendo responsabilidades derivadas de actos punibles. Corrupción y abuso de poder, que sería llegar a situaciones en las que el Fiscal General podría involucrarse en actividades corruptas o abusivas para complacer a estos grupos que lo controlan, lo que debilitaría aún más la integridad del sistema de justicia, minando la confianza en las instituciones aún más. Debilitamiento del Estado de derecho, el funcionamiento como Estado de Derecho ha dejado de ser creíble y si esta independencia se ve comprometida se debilitan la capacidad del sistema judicial para proteger los derechos individuales y la de mantener el debido equilibrio entre el poder gubernamental y los ciudadanos. Desconfianza en las instituciones democráticas, percibir que el sistema judicial está siendo manipulado socava la confianza en la institucionalidad en su conjunto, los ciudadanos continuarán sintiendo que las leyes no se aplican de manera justa y que el sistema está diseñado para beneficiar a unos pocos y no para alcanzar el bien común. Inestabilidad política y social, manipulación hacia la figura del Fiscal General por grupos de poder solo seguiría generando agitación política y social. Las protestas y la polarización aumentarían con la percepción de que la justicia seguirá administrándose selectivamente y que aquellos que ostentan poder seguirán evadiendo las consecuencias de sus acciones.
Quedan solo seis días, momento para que los honorables diputados al Congreso Nacional no solo elijan al importante funcionario, sino que además está elección construya la credibilidad que tanta falta hace, es vital actuar en pro del fortalecimiento institucional de la nación, respetando y exigiendo respeto al proceso y elegir exclusivamente entre los cinco candidatos. El pueblo hondureño está a la expectativa de que el comportamiento de todas las instituciones del estado involucradas en ello, apoyemos en contribución y no en afectación de nuestra Honduras.
“A construir el mejor legado, construyendo patria para todos”