La Misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no la ministra de Finanzas, fue quien solicitó al Congreso Nacional, un informe sobre el auto acordado (extradición), que aprobó la Corte Suprema de Justicia en el 2013.
La aclaración, la hizo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien la justificó por una falsa noticia que circula en redes sociales relacionada al auto acordado.
“Pero presten mucha atención, lo que pasó fue una confusión al momento de la lectura de la correspondencia, ya que el 24 de julio la misión de la ONU y no la ministra Rixi Moncada, como equivocadamente se leyó, en la correspondencia, es la que pide un informe sobre el auto acordado”, expuso Redondo.
Agregó en la nota de la misión de la ONU se especifica las cuatro áreas a investigar de la comitiva previo a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y que la misma está firmada por Américo Incalcaterra, Ana Gabriela Contreras y Pedro Biscay.
Sin embargo, Redondo aseveró que en la solicitud de la misión de la ONU existen errores, porque no hay tan solo un decreto o iniciativa de ley que tenga que ver con la extradición que haya remitido al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
EXTRADICIÓN
Redondo procedió a leer de manera íntegra y que a continuación se transcribe, la solicitud de la misión de la ONU al Congreso Nacional, a que se le brinde un informe sobre el Auto Acordado (extradición).
“Señor Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional: atentamente nos dirigimos en seguimiento a la reunión sostenida con usted el 10 de julio en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas el cual establece que el equipo trabajará en cuatro áreas prioritarias”.
1-Evaluar los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes, entre otras cosas.
2-Servir de enlace con las entidades de las Naciones Unidas para la presentación de apoyo y asistencia técnica en el desarrollo y capacitación del personal encargado de investigar, perseguir y combatir la impunidad y la corrupción pública-privada de alto impacto.
3-Determinar las capacidades, fortalezas y debilidades institucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial.
4- Identificar la coordinación con el gobierno las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias en el ordenamiento jurídico hondureño. Así como brindar acompañamiento y asesoría en su implementación para el adecuado funcionamiento del mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo que se establezca contra la impunidad y corrupción, incluyendo las reformas mencionadas expresamente en el párrafo 6 del Memorándum de Entendimiento.
Atendiendo lo anterior.