El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se refirió a las decisiones tomadas por la Junta Proponente que elegirá a los candidatos para ser las nuevas autoridades del Ministerio Público y que será hasta que sean enviados a la secretaría de este Poder del Estado con base a eso se va a trabajar.
Reveló que para el próximo mes de agosto se va a definir a los cinco nombres, de donde se escogerán fiscal general y fiscal adjunto de la República.
La valoración de la Junta Proponente ha trabajado con sus debidos procesos, Redondo recordó que siempre habrá personas que van a estar a favor y otros en contra.
“La Ley y lo que está establecido para la Junta Proponente es lo que hay para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, eso debe respetarse, y no me atrevería a hacer una evaluación hasta que ellos entreguen el informe”, explicó.
En cuanto a los rumores del acuerdo existente entre los tres partidos mayoritarios, Redondo expresó que “la historia de los fiscales se remonta desde que se eligió a Edmundo Orellana, posteriormente se rompió el proceso porque se fue del Ministerio Público, el fiscal Ovidio Navarro y llegaron sustitutos para cubrir el tiempo que quedaba pendiente”.
Mismo caso con el fiscal Rubí, que salió del Ministerio Público – continuó diciendo -, y Óscar Chinchilla debió llegar a cubrir solo el espacio de tiempo que faltaba, pero no fue así.
“Esto anterior ya no es opción, recuerde que hay un período de cinco años y ese periodo termina en el caso de los fiscales que solo se pueden reelegir una vez y ahorita ya no puede ser reelecto, es una situación especial, porque nosotros como partidos políticos debemos llegar a acuerdos para poder elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público”, dijo.
Otro de los temas que abordó, es que esta semana estará en agenda la ley que va a permitir asociar los números de teléfono a los números de dispositivos de conexión en redes de internet para que se puedan asociar los números de DNI o de identidad de ciudadanos.
Sobre el artículo 23 de la Ley de Comunicaciones, Redondo expresó que se trata de una situación política porque se oponen a todo lo que se propone.
“No hay ningún fundamento jurídico porque por todos es conocido que la intervención o espionaje tiene que ver con la ley que ya se había aprobado antes. Las intervenciones telefónicas ya existen por orden de un juez, la pregunta es cómo les hicieron grabaciones a varios diputados y habrá que ver si lo que hubo fue abuso de autoridad o fue por orden de un juez”, explicó.
Lo que se contempla en esta Ley es que, si una persona recibe un mensaje o un mensaje de audio a través de un dispositivo telefónico, se registra hora y fecha.
“Con esta ley se pide al operador celular o al proveedor de internet que brinde los archivos que establecieron la conexión en ese momento”, expresó.
Esto es un tema técnico para establecer de dónde proviene la extorsión, concluyó Redondo.