Los gobiernos de América Latina y el Caribe pierden alrededor del 5.6 por ciento del PIB anual en evasión y elusión, alrededor de 300 mil millones de dólares advirtió hoy el coordinador de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Luis Moreno.
Alta concentración de los ingresos en pocas manos, la ausencia de impuestos a las grandes riquezas y a las ganancias de capital, informalidad en el mercado laboral, sistemas tributarios regresivos, impiden que América Latina y el Caribe logre reducir la desigualdad, dijo.
“Uno de los problemas principales es que los Estados no pueden recaudar todo lo que deberían. Los mecanismos de evasión y elusión tributaria que ponen en marcha las grandes corporaciones y riquezas desfinancian las arcas públicas y conlleva diversas consecuencias para los estados”, expresó.
Honduras es uno de los países que más deja de captar, según informes en vísperas de la cita en Cartagena, el sangrado de las finanzas públicas se produce mediante las exoneraciones fiscales que representarán más de 60 mil millones de lempiras este año casi el pago del servicio de la deuda pública.
Esto imposibilita a los gobiernos “para brindar servicios públicos de calidad y de protección social, de implementar mecanismos para proteger nuestro medioambiente y así reducir la desigualdad económica y social, y contrarrestar el incremento en los niveles de la pobreza, entre otros”, precisó el especialista.
Para enfrentar estos problemas comunes los países de América Latina y el Caribe precisan de un nuevo pacto fiscal, que impulse la cooperación regional que ponga fin a la carrera a la baja que se pone en marcha con la excusa de atraer inversión extranjera, recomendó.
Este pacto, además, deberá orientarse a eliminar los beneficios tributarios que resultan incoherentes con los objetivos globales de inclusión y sostenibilidad, consideró Moreno. “América Latina y el Caribe pierde cada año alrededor del equivalente a 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto como consecuencia de evasión y elusión tributaria, un poco más de 300 mil millones de dólares”, contabilizó.
“Este dinero podría ayudar a fortalecer los servicios públicos, hacerlos universales y garantizar la calidad de los mismos. Ayudaría a cerrar las brechas de desigualdad y combatir la pobreza y el hambre”, detalló Moreno. (JB)