Con la eliminación de los candidatos Mario Urquía, Marcos Zelaya, Omar Jiménez y Plinio Consuegra, 15 son los aspirantes que siguen en la carrera por quedar entre los cinco finalistas para el cargo de Fiscal General del período 2023-2028.
En la medida que se acerca la fecha de entrega de la lista final al Congreso Nacional, el 1 de agosto, la Junta Proponente arrecia las evaluaciones sobre los candidatos de tal manera que de los 26 que se postularon inicialmente, ya fueron descartados 11.
CUERDA FLOJA
El vocero de este cuerpo colegiado, Julio Raudales, afirmó que hoy anunciarán si uno más continúa en la lista. Se trata del titular de la Fiscalía anticorrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, quien se encuentra en la cuerda floja por tener demandado al Estado y el Estado a él.
De ser ciertas ambas demandas, Santos estaría diciéndole adiós al proceso, ya que los requisitos exigen estar limpio de todo tipo de demandas. En las últimas horas, el fiscal anticorrupción dijo que está dispuesto a retirar la demanda para continuar en el proceso, pero queda a criterio de los proponentes si esto le evita ser descartado, según Raudales.
CASO URQUÍA
Los colegiados ya demostraron ser excesivamente rigurosos en el proceso. En el caso de Urquía, quien se perfilaba como el candidato del gobierno, quedó al margen del proceso por haber pertenecido a la otrora Junta Nominadora de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Como dentro de esta nueva junta hay dos togados seleccionados por Urquía en aquel entonces -Rebeca Ráquel, presidenta de la CSJ y Wagner Vallecillo- sus compañeros les pidieron que se abstuvieran de votar porque se miraría como que le estaban devolviendo el favor.
Además, según Raudales, recurrieron a la ley de la referida Junta Nominadora de la CSJ que prohíbe a sus miembros ejercer cargos dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los siguientes dos años. Aunque esta normativa no incluye el cargo del Fiscal General, los proponentes consideraron que se trata también de una función pública como las otras de los tres poderes del Estado. De este modo y tras deliberaciones entre los cinco miembros restantes, de los siete que componen la Junta Proponente, cuatro de ellos determinaron que Urquía no debía seguir.
El afectado anunció que recurrirá esa resolución por considerar que los examinadores hicieron “interpretaciones éticas imaginarias” en vez de apegarse a la literalidad de la ley, que a su juicio no lo inhabilita. En todo caso, dijo, debió ser apartado más adelante al momento cuando se analicen los aspectos éticos en la matriz de puntaje. Consideró que este fallo deja en entredicho la credibilidad de esa junta.
Sin embargo, es difícil que la Junta Proponente rectifique ya que Urquía también fue apartado, según Raudales, porque recibió doble salario, uno que le pagaba la junta y otra el Colegio de Abogados, mientras ejerció como nominador de los candidatos a la CSJ.
El 1 de agosto, el Congreso deberá recibir el listado con los cinco finalistas para seleccionar entre ellos al nuevo fiscal general y fiscal adjunto con 86 de los 128 votos de la Cámara Legislativa. (EG)
