Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)
En los años que siguieron al derrumbe del sistema socialista soviético, me encontré en una reunión familiar con el historiador hondureño Longino Becerra, un profundo conocedor de la ciencia política y el marxismo. Ese día acababa yo de adquirir la selección de clásicos “Sobre el contrato social”, de José Emilio Balladares Cuadra que deslicé en las manos de Becerra con la pregunta: “¿Se cayó el contrato en la URSS?, a lo que el historiador me respondió: “De cierta manera sí, porque el partido en el poder se había vuelto más importante que la sociedad”. Su respuesta, aparentemente simple, no la comprendí del todo, sino hasta varios años después.
Fuera de lo anecdótico ¿qué es esto del contrato social del que casi nadie ha puesto la suficiente atención, sobre todo por estos días cuando los gobiernos pretenden tener un mayor protagonismo que la sociedad a la que se deben? Pues bien: la teoría del contrato social explica la forma de convivencia que debe imperar entre los miembros de una sociedad, de acuerdo con ciertas reglas de comportamiento moral y político, establecidas en una constitución y en los códigos institucionales. Ese acuerdo incluye, desde luego, el respeto de un gobierno hacia los ciudadanos, y de estos hacia las autoridades, pero puede romperse cuando se instala un poder despótico, porque entonces, ya no se trata de un mutuo acuerdo sino de una imposición violenta que desconoce las reglas del contrato.
Pero también puede romperse cuando el sistema social -que incluye a los poderes del Estado, el sector productivo, las instituciones de justicia y seguridad- resulta incapaz de brindarles a los ciudadanos un entorno de tranquilidad y de progreso material. Estas dos condiciones representan el basamento de lo que se llama el “equilibrio social”, un trascendental concepto sobre el que descansan el orden y la autoridad de un poder.
Romper ese acuerdo se ha vuelto una rutina bastante peligrosa en algunas partes del mundo, principalmente en América Latina, donde la incapacidad de los gobiernos para impulsar la democratización y el bienestar de la sociedad ha desembocado en una crisis de gobernanza y de desorden institucional. La causa medular: la impotencia de los políticos tradicionales y las élites de poder económico para revertir los efectos de su incapacidad y desidia para integrarse al proceso de globalización desde hace 30 años.
En lugar de integrarnos a las ventajas que ofrecía la globalización de la economía, las élites y los políticos tradicionales se atrincheraron cuando vieron amenazado su “status quo”; los primeros porque los tratados de libre comercio los sacaría de los mercados globales, debido a la mala calidad de los productos; mientras que, a los segundos, la frugalidad en el gasto que recomendaban los organismos internacionales, como el FMI y el BM, atenuaba el estrellato del Estado sobre la sociedad civil.
Tras el fracaso de las medidas de ahorro y expansión de los mercados para generar riqueza -las dos recomendaciones de los organismos prestatarios-, no sería la democracia liberal la que armonizaría los golpes dados por la globalización, sino su némesis: los autoritarismos de izquierdas y de derechas. Porque resulta más fácil y tentador concentrar el poder, blindarlo y perpetuarlo en el tiempo para que los amigos lo disfruten, que generar bienestar y riqueza vía capitalismo. Así lo entendió Hugo Chávez, y así lo interpreta el dictador Daniel Ortega, mientras Bukele quiere imponer una versión más “cool” del autoritarismo en base a las toneladas de “likes” que lo colocan a la cabeza del ranking politiquero, solamente superado por Shakira y Messi.
Y por ese mismo camino vamos nosotros también, porque las señales son más que elocuentes: no es el impulso al crecimiento económico ni la democracia lo más importante en el nuevo contrato que se quiere escribir, sino el partido en el poder; la concentración del todo para pocos: más de lo mismo, el “continuum” de aquellos sistemas que se volvieron un fin en sí mismos, a los que aludía Longino Becerra aquel día de 1992.