La directora del Centro Caribeño de DD.HH., Denise Pitcher, dijo este jueves que la reciente decisión del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago de deportar a todos los inmigrantes, resalta la necesidad de una reforma legislativa para proteger a este sector.
«Deportar solicitantes de asilo y refugiados, cuya determinación da pie a que el Estado lo acepte para que regresen a su lugar de origen, los pone en riesgo en que su seguridad corra peligro», expresó Pitcher a una estación radial trinitense.
Las declaraciones de Pitcher provienen dos días después de que el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago declarara que las obligaciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no se aplican y no pueden hacerse cumplir en el país caribeño.
Esto significa que todos los inmigrantes que lleguen a sus costas están sujetos a las disposiciones de la Ley de Inmigración y, en consecuencia, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo pueden ser deportados aunque se hayan registrado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
«Mientras no se decrete una medida sobre refugiados, en acuerdo con nuestras obligaciones bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Gobierno se ha comprometido en interpretar como un ‘cumplimiento’ sus obligaciones bajo el acuerdo», sostuvo Pitcher.
El juez Frank Seepersad presidió el caso interpuesto por Yohan Jesús Rangel Domínguez, que pretendía anular una decisión del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Fitzgerald Hinds, de dictar una orden de deportación en marzo de este año.
Seepersad indicó que el Tribunal no podía encontrar ninguna razón para anular la decisión del Ministerio de dictar una orden de deportación.
Durante la vista, los abogados de Rangel Domínguez le pidieron a Seepersad que considerara si la Ley de Inmigración local es compatible con el tratado.
El Ministerio, no obstante, afirmó que las obligaciones enumeradas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el principio de no devolución no se aplican en Trinidad y Tobago, ya que no ha habido incorporación interna.
La petición de Rangel Domínguez proviene después de haber sido detenido.
La Acnur, por su parte, le aprobó a Rangel Domínguez en abril de 2022 la solicitud de asilo en el país, pero meses después, mientras viajaba en taxi hacia Fyzabad, en el suroeste de Trinidad, fue detenido y acusado por reingresar al país ilegalmente.
Rangel Domínguez, de 33 años y padre de 4 niños, se declaró culpable y fue multado por 2.000 dólares.
Luego, fue puesto bajo supervisión, pero en marzo de este año fue detenido nuevamente y las autoridades le expidieron una orden de deportación. EFE