NO es buen augurio cuando las elecciones generales practicadas en un país no levantan esperanzas prometedoras. Varios partidos que esperaban competir no fueron inscritos y quedaron fuera del proceso. En las encuestas previas a los comicios, el candidato que queda en segundo lugar y logra pasar a la segunda vuelta, no aparecía ni de séptimo. Más del 40% de los guatemaltecos inscritos en el censo –desencantados de la política, hastiados de lo mismo– no concurrieron. Y de los que sí lo hicieron –bien como una manifestación de protesta o de rechazo a todo– los votos nulos y en blanco fueron del 24%. Cifras muy superiores al 15.8% obtenido por la ganadora y el 11.7% del segundo. Ahora los acontecimientos posteriores al escrutinio. “La Corte Constitucional (CC) amparó de manera provisional a un grupo de nueve partidos políticos, generando una serie de pasos para la verificación de actas, impidiendo que el TSE pueda oficializar los resultados de las votaciones generales del pasado 25 de junio”.
En otras palabras, suspende la oficialización de resultados y ordena depurarlos. “Con esta resolución, las distintas juntas electorales del país tienen que repetir la audiencia de revisión de escrutinios, en donde podrían presentarse impugnaciones en actas que a criterio de los partidos políticos no estén del todo claras”. Solo que las cajas con los votos fueron despachadas al Tribunal Electoral y ya no están en posesión de las juntas electorales. Hay que anotar que un escenario de dudas legales ha impedido la elección de nuevos magistrados de la CSJ. El amparo provisional otorgado por la Corte Constitucional ha desencadenado más dudas sobre lo que ya era un ambiente de caótica incertidumbre. El Departamento de Estado norteamericano condenó en un comunicado lo que a su criterio son acciones “para interferir en el resultado de las elecciones amenazando la Constitución y la legitimidad del proceso democrático”. La misión de observadores de la OEA recordó que ya alertó sobre “el deterioro del Estado de Derecho y de la judicialización con fines políticos de asuntos puramente electorales”. El gobierno guatemalteco al que todavía le quedan unos días expresa: “Hacemos un llamado a ser respetuosos de la soberanía de los Estados, en especial del ente electoral y el sector justicia de un país, siendo este último quien debe velar por el respeto de la legislación nacional y luchar contra la impunidad”. Por su parte, el sector empresarial prácticamente avala le decisión de la Corte Constitucional. El pronunciamiento del CACIF concluye: “Confiamos en que, como ha ocurrido en procesos anteriores, cuando han surgido cuestionamientos, estos sean resueltos en forma pronta y debida, velando en todo momento por la efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral”.
Esto dicen algunos juristas guatemaltecos que cuestionan la decisión del poder jurisdiccional: “Estamos culminando de implementar la dictadura de los jueces –dice uno de ellos– si la CC es la que va a terminar resolviendo sobre la adjudicación de cargos entonces el TSE ni es supremo ni es electoral, será un tribunal mínimo de trámites”. “A mi manera de ver las cosas –dice otro– los partidos políticos están tratando de hacer una maniobra burda, que es entrampar el proceso electoral para que no se dé la segunda vuelta, o para que por lo menos los nuevos diputados no puedan tomar posesión”. Sin que el Congreso logre renovarse como manda la Constitución, “esto generaría confusión porque el Congreso no estaría integrado el 14 de enero a las 14 horas”. “Lo que yo me temo es que estén tratando que el Congreso no se pueda integrar, mantenerse los que están actualmente por un tiempo que es indefinido, o bien condicionar la toma de posesión del nuevo presidente”. (¿Cuál es tu criterio jurídico –entra el Sisimite– sobre ese cisma? – No te voy a dar el jurídico, sino el político. Reclamos que hicieron chanchullo siempre hay. Manipulación ni digamos. Es una vaina con sociedades tan polarizadas. Pero encima de eso lo peor es tanta apatía de la gente).