Por: Rodolfo Dumas Castillo
Recientemente se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Acuerdo No. 001-2023-UFTF, que corresponde a una resolución aprobada por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, mediante la cual se clasificó como reservada la siguiente información: “1) Datos personales de toda persona natural o jurídica aportante privado a una campaña de cualquier nivel electivo. 2) Bases de datos de la Unidad Técnica de financiamiento”. En términos generales y sin profundizar en lo eminentemente jurídico, nos parece que la decisión debilita la transparencia que anhelamos para nuestros procesos políticos, especialmente considerando los antecedentes históricos de Honduras.
Evidentemente, el financiamiento privado es apenas uno de los ingredientes que inciden en las campañas políticas en nuestro país, así como en el resto del mundo. Existen aspectos como la igualdad de acceso a los medios de comunicación, el financiamiento público, los aportes en especie, los servicios y favores a electores, y una amplia gama de posibilidades con las que se pueden impulsar campañas de manera opaca o ilícita. Sin embargo, el tema resulta especialmente relevante cuando nuestro país sufre las demoledoras consecuencias de la corrupción y la impunidad; contexto en el que este tema resulta fundamental para prevenir ambos flagelos.
Al conocerse quiénes son los principales donantes y cuánto dinero destinan a las campañas, se pueden identificar conflictos de interés y tomar medidas para evitar influencias indebidas. Cuando los ciudadanos y los competidores políticos tienen acceso a información precisa sobre las fuentes de financiamiento, se evita la concentración excesiva de poder económico y se crea un entorno en el que todos los candidatos pueden participar en igualdad de condiciones, lo que fortalece la calidad de la democracia al permitir que los méritos de las ideas y las propuestas prevalezcan sobre el poder monetario.
La transparencia también fomenta la participación y el empoderamiento de los ciudadanos, pues al tener acceso a información sobre las fuentes de financiamiento y cómo se gastan los fondos de campaña, pueden evaluar si los candidatos y partidos representan sus intereses y prioridades, lo que les permite tomar decisiones más informadas y participar activamente en el proceso político, fortaleciendo así la democracia en su conjunto.
Podrían surgir argumentos en contra de una mayor divulgación, especialmente en lo que respecta al financiamiento privado, incluyendo aspectos de privacidad, seguridad personal e incluso la posibilidad de que se reduzca la disposición de las personas a realizar contribuciones materiales. Consideramos que muchas de esas inquietudes se pueden atender sin tener que recurrir a “anonimizar el nombre o nombres de los aportantes”. En todo caso, los argumentos a favor de una mayor divulgación son significativamente más sólidos, ya que se centran en consolidar los fundamentos del sistema democrático a través de electores mejor informados, proporcionando una mayor capacidad para que la sociedad pueda hacer un seguimiento del dinero, fomentando una mayor confianza pública en los partidos políticos y los candidatos.
Así lo plasmó Thomas Jefferson: “No conozco otro depositario del poder de la sociedad que el propio pueblo; y si pensamos que no es lo suficientemente ilustrado como para ejercer su control con total discreción, la solución no es quitarle ese poder, sino informarlo para que aplique su discreción con fundamento”. Cuando hay más transparencia se logra limitar la influencia inapropiada de grupos de poder y se previene el financiamiento ilícito. La ausencia de transparencia, especialmente el anonimato de los aportantes, compromete la integridad del sistema político y socava la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Consideramos que sería oportuno revisar esta resolución con el propósito de que sea coherente con el interés general de la nación y que se enmarque en los principios que fortalecen la democracia.
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