El temor y éxodo de familias completas hondureñas a otros estados para comenzar de cero son apenas los primeros efectos de la vigencia de la temida Ley SBI1718, que castiga hasta con 30 años de cárcel a los indocumentados y a quienes les ayudan con empleo, transporte, refugio y asistencia médica, dijeron activistas de derechos humanos en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, estas mismas fuentes aseguraron que varias organizaciones civiles preparan recursos ante las cortes estatales y el supremo de los Estados Unidos para frenar esta normativa, conocida también como “De Santis”, porque su promotor es el gobernador de este Estado sureño, Ron De Santis, quien a la vez se postula en una corriente presidencial republicana haciendo de los migrantes indocumentados su bandera de campaña.
“Hoy (ayer) se hizo pública la demanda en contra en esta severa ley migratoria que ataca las comunidades migrantes y no solamente en la comunidad indocumentada sino a todas las familias que de una manera u otra tienen una conexión con la comunidad indocumentada como lo son las empresas”, dijo a Radio América Sonia Moreno, quien desde hace tres décadas trabaja en defensa de los derechos de los migrantes.
“Los restaurantes, las iglesias, incluso, fueron amenazadas de que no podían dar servicio a la comunidad de migrantes”, agregó Moreno, quien a la vez calificó la normativa como “inconstitucional y socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los migrantes”.
Lamentó que “muchas familias están siendo amenazadas, han sido atemorizadas y de hecho les han empujado a tomar la dura decisión de salir del Estado, de mudarse y empezar de cero en otros estados”, relató.
“Estas familias, en este momento, se han visto obligadas a tomar una decisión como es dejar el país, dejar todo lo que ha construido en este Estado y empezar de cero, es muy triste porque yo viví el terror bajo estas leyes antiinmigrantes y fue lo que me empujó a involucrarme en el movimiento de pro migrante porque ningún ser humano merece vivir bajo el miedo es una violación a los derechos humanos”, subrayó.
Detalló que las familias más vulnerables son aquellas parejas en las que solo uno de ellos tiene TPS o cualquier otro estatus migratorio o en el peor de los casos ninguno tiene documentos y temen que los deporten sin sus hijos o con todos sus hijos, después de tener muchos años de vivir en Estados Unidos y tener sus propios bienes.
LEY VENENOSA
La Ley “De Santis” exige además permisos de trabajo a las empresas, prohíbe el uso de licencias de otros estados, niega asistencia médica y penaliza a quiénes transporten inmigrantes sin papeles.
Al respecto, Lourdes Lizardo, otra de las activistas pro migrantes hondureños de la Fundación 15 de Septiembre, expresó su optimismo por las múltiples demandas en contra de la normativa que tienen lista organizaciones civiles reconocidas de los Estados Unidos.
Señaló que han rechazado la ley con marchas pacíficas, plantones, vigilias en las que ha participado diversas comunidades hispanas por toda la Unión Americana.
“Esta ley es bien venenosa y lo que le pedimos a todos los hondureños, mexicanos, centroamericanos, lo importante es estar informado, esta ley no va a morder a nadie porque solo estaban esperando que entrara en vigor para empezar las demandas en los tribunales”, agregó.
Dijo que en la zona de Tampas, donde vive ella, el ambiente es de calma, por ahora, con muchos patrullajes. Previendo redadas masivas, están pidiéndole a sus paisanos que salgan lo necesario. “Tenemos que estar, como dicen, al pie de la ley, no andar quemando llantas, no andar haciendo carreras, tienen que hacer lo necesario porque hay mucha vigilancia ahora mismo”, subrayó. (EG)
