Por: Xiomara Mairena
Podrían ser 400 internos, pero, por ahora, cuatro son los enfermos terminales que ya están pasando sus últimos días con su familia, de los 19 casos que recibirán la medida de liberación, como parte del proceso para descongestionar las cárceles, donde 9,719 reclusos que están a la espera de conocer su sentencia y que, engrosan la bomba de tiempo, en que se han convertido las cárceles de Honduras, ahora en poder de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Hace unas semanas, la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenino de Adaptación Social (PNFAS) dejó una estela de luto y dolor, pero también de violencia, que hizo rodar la cabeza del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, cuya dependencia tenía a su cargo las 25 prisiones del país, intervenidas por una inoperante comisión especial del gobierno y que presidía la viceministra Julissa Villanueva.
Tras los brotes de violencia, el gobierno designó a la Policía Militar para tomar el control de las prisiones y el Poder Judicial, quien lleva a su cargo el proceso de liberación y aplicación del habeas corpus y el autoacordado, relacionado con la población carcelaria. En ese sentido, el Poder Judicial comenzó con la excarcelación de 19 privados de libertad, que sufren de enfermedades graves que no pueden ser tratadas desde la prisión y con los que padecen de enfermedades en fase terminal.
De igual forma, este Poder del Estado mantiene en análisis la posibilidad de dejar libres a 400 reclusos más, no obstante, algunos necesitan completar sus expedientes y otros ya no aplican al beneficio por los años de condena que pesan en su contra.
Estos trabajos de pre liberación se realizan de forma simultánea con la asunción de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que intervino los centros penitenciarios a nivel nacional, actualmente se ejecuta el operativo denominado “Fe y Esperanza” que radica en su primera fase en desarmar a los reclusos que mantienen un potente arsenal de guerra a lo interno de los reclusorios.
PRISIÓN VENCIDA
Como parte de los avances en torno al cambio de medidas, el Poder Judicial giró un oficio al Juzgado de Letras Penal para verificar la condición en la que se encuentran más de 125 privados de libertad porque, al parecer, tienen la medida de prisión preventiva vencida, todos ellos que se encuentran recluidos en Támara, Siria, Ilama, Morocelí, y de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Se trata de procesados por actos de lujuria, feminicidio en su grado de ejecución de tentativa, violación, robo agravado, homicidio, portación ilegal de armas, facilitación de los medios de transporte para el tráfico de estupefacientes, robo, robo con violencia, extorsión, asesinato, violación especial, robo agravado, violación en su grado de ejecución de tentativa, tráfico ilícito de drogas, rapto, robo con violación agravada, asociación ilícita, robo con fuerza agravado en su grado de ejecución de tentativa, extorsión continuada, evasión, entre otros.
A IDENTIFICARLOS PLENAMENTE
LA TRIBUNA conversó con el coordinador de la Sala Penal, magistrado Walter Miranda Sabio, quien afirmó que trabajan de manera conjunta con la Sala Constitucional y otras instituciones para descongestionar los Centros Penitenciarios del país.
“Con la Sala Constitucional trabajamos conjuntamente en lo referente al Habeas Corpus Correctivo, se designaron jueces y magistrados como jueces ejecutores para que visiten las diferentes cárceles a nivel nacional para constatar la condición en que se encuentra cada uno de los privados de libertad, aunando esfuerzos con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), para identificar plenamente quienes son los que están privados de libertad, y posteriormente brindarán un informe a la Sala Constitucional”, explicó.
Específicamente, el informe deberá contener las condiciones en las que están los privados de libertad, quienes están en calidad de condenados y procesados, el tiempo que tienen de estar recluidos y cuánto les falta para cumplir con la sentencia, los delitos por los cuales se encuentran recluidos entre otros.
Manifestó que del resultado de esa investigación, se discutirá en la mesa técnica de pre liberación y así poder tomar la mejor decisión a fin de descongestionar los centros penales.
Señaló que el Habeas Corpus Correctivo se amplió a nivel nacional, sin embargo, espera que se entregue un informe preliminar para después de las vacaciones, pero en las cárceles aledañas a Tegucigalpa, la Policía Militar está haciendo inspecciones y decomisos, acción por la cual, ha habido cierta dificultad para los jueces ejecutores de avanzar con los informes para la verificación de las condiciones de al menos 25 centros penitenciarios y un batallón militar anexo al centro penal de Támara que sirve de reclusorio.
REVISADAS 2,037 CAUSAS Y 400 EXPEDIENTES
Acerca de una cifra máxima de excarcelaciones que podrían otorgar a favor de los reclusos, el magistrado Miranda detalló que “para hablar de una cifra tenemos que completar la información que se requiere para establecer quienes serán los beneficiarios de estas pre liberaciones en algunos casos faltan los estudios socioeconómicos de los centros penales, algunas sentencias, actas en los expedientes, eso es lo que ha mermado en lo que son estas audiencias que debe celebrar el juez de ejecución de eso va depender”.
Recordó que “ya se revisaron 2,037 causas y 400 expedientes criminológicos que podrían gozar de pre liberación, pero necesitan completar sus expedientes; o bien, una persona que fue condenada a miles de años de prisión, aunque tenga una enfermedad no aplica al beneficio, actualmente tenemos aproximadamente 19 personas que están con enfermedades graves o terminales que algunas ya salieron y otras pendientes de audiencia”.
En las vacaciones, los jueces de ejecución seguirán trabajando en el proceso “donde tenemos el mayor conflicto de personas que pueden ser beneficiarios de pre liberación y es donde hay mayor trabajo”, agregó.
POBLACIÓN PENITENCIARIA
Por otra parte, la jueza y coordinadora del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Martha Murillo, detalló que a mayo de este año, la Auditoría Penitenciaria reporta que hay una población carcelaria de al menos 19,549 privados de libertad a nivel nacional.
Desglosó que hay 9,830 en calidad de condenados, mientras que los procesados hay aproximadamente 9,719 reclusos.
“De total de población penitenciaria hay 18,366 hombres, y 1,183 mujeres, sin embargo, en junio fallecieron de manera violenta 46 internas”, añadió.
Indicó que el Juzgado de Letras Penal reporta que unos 1,537 privados de libertad que han sido procesados por diferentes delitos entre tráfico de drogas, robos, delitos de criminalidad organizada entre otros, a unas 189 personas se les dictó una sentencia condenatoria (en procedimiento abreviado) y 1,348 se encuentran en calidad de procesados.
Del total de personas procesadas en el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, solo 852 tienen prisión preventiva y el resto con medidas distintas a la prisión preventiva.
A nivel nacional hay 5,345 personas que están con medidas distintas a la prisión preventiva y que se presentan todas las semanas a firmar el libro de control en las diferentes sedes judiciales, siendo el juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa donde más presentaciones reportan son específicamente 2,536 personas procesadas por diferentes delitos de los cuales 2,316 son hombres y 220 son mujeres, en segundo lugar es el juzgado de San Pedro Sula.
No obstante, la togada advirtió que las cifras son de manera preliminar, porque se conoce de casos en los cuales las autoridades penitenciarias tienen dentro de su base de datos a privados de libertad en la categoría de procesados cuando ya tienen una sentencia, situación que refleja el desorden que mantiene el sistema carcelario.