Kelvin Aguirre
Honduras está cada vez más polarizada. Los debates sobre la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, las exoneraciones, el empleo por hora, los impuestos y otras dejan en evidencia que el consenso, base de la democracia, ha quedado en el pasado, lo cual afecta la competitividad del país y, con eso, la inversión interna y externa que puede realizarse en beneficio de la generación de empleos, la estabilidad económica de las familias y su bienestar.
En el debate público por redes sociales llama la atención que algunos hondureños consideran que nuestra nación no es competitiva, por lo que las leyes tributarias no tienen nada que afectar. Debo decirles que se equivocan.
Los regímenes especiales y las exoneraciones son modelos utilizados en múltiples países para atraer la inversión y mejorar la capacidad productiva de las empresas, y Honduras no es la excepción.
Y si bien existen empresas que han abusado de estos beneficios, no debemos dejar que nos cobije el odio y eliminar una de las pocas fuentes de competitividad del país, ya que esto perjudica la inserción de Honduras en un mundo cada vez más interconectado.
Debemos hacer hincapié en que se aplique la ley en el tema de exoneraciones y tributaciones, ya que esto reafirma el Estado de derecho y sanciona a los abusadores legales, pero también debemos mantener el equilibrio y entregar incentivos porque es evidente que el propósito de hacernos atractivos para la inversión sigue siendo una tarea pendiente.
Si observamos a las Mipymes, el sistema bancario y las leyes actuales no fomentan su desarrollo. No es sano que para acceder a financiamiento las Mipymes deben haber subsistido al menos dos años, deban cumplir con garantías leoninas y la definición legal misma de las pequeñas y medianas empresas se confunda con iniciativas de subsistencia familiar más que con empresas que presenten escalabilidad.
Infortunadamente, los debates de mejora de competitividad revisten un modelo de polarización de ricos contra pobres, y el análisis de cómo potenciar a las micro y pequeñas empresas, que generan cerca del 70% de los empleos del país, no esté en la palestra pública, siendo evidente que no poseen leyes que fomenten su desarrollo, aunque desde el gobierno y la banca pretenden vendernos la idea que son inclusivos.
Los resultados, Honduras se ha estancado en su capacidad de generar un ambiente favorable para el emprendimiento y los negocios, perjudicando el empleo, la recaudación fiscal, aumentando la pobreza y la estabilidad de la clase media, todos factores vinculados a la reducción de la violencia, la inseguridad, la extorsión y la criminalidad.
No es casual que exista este clima que desmotiva la inversión. La desinistitucionalización imperante que se refleja, por ejemplo, en la alta informalidad de empresas, la mala educación o formación académica, la falta de oportunidades para jóvenes, nos afecta.
Y esta debilidad institucional es, en parte, producto de que en pleno siglo XXI no hemos aprendido a vivir en democracia, creyendo todavía que solamente es la elección popular de los gobernantes y no un modelo para lograr el bienestar de toda la población sin distingo de colores políticos con base al consenso.
Esta situación persistente que afecta a las personas, empresas y al gobierno se refleja en los índices de competitividad. En el Doing Business se ve que el país está lejos del rango medio de América Latina y de la OCDE para iniciar un negocio, que las tasas impositivas son elevadas, los permisos de construcción son difíciles de conseguir, el acceso a energía es una odisea, pero de esto ya se ha dicho mucho y no vale la pena seguir profundizando.
En síntesis, Honduras padece de un problema crónico de competitividad y productividad. Si bien tenemos el diagnóstico, como un paciente tozudo, nos negamos a tomar medidas efectivas, reflejando la falta de voluntad política para mejorar la calidad de vida de la población. En el actual debate del proyecto de Ley de Justicia Tributaria se podrían superar los factores desfavorables para motivar la inversión, pero las perspectivas no lucen favorables por la intolerancia y arrogancia de quienes la promueven.
Si no cambia la forma en que nuestras autoridades busquen el diálogo y el consenso, la democracia y el Estado de derecho seguirá adoleciendo de aplicación y, con esto, solo nos queda esperar a que un nuevo ciclo de factores externos vuelva a favorecernos, pero de esto ya muchas décadas.
@kelvinaguirre18