Hoy, a las 12:00 de la noche, cierra el plazo para acreditar a los miembros de la Junta Proponente del Fiscal General y Adjunto de cara a su elección a más el 31 de agosto del 2023. Como hasta el momento solo se conoce el designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diferentes actores sociales coinciden que este proceso lleva el mismo camino de la CSJ: Intensas misas negras para arreglos secretos entre las tres fuerzas políticas dominantes en el Congreso, Libre, Nacional y Liberal.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel, convocó desde el pasado 8 de mayo a las instituciones involucradas en acreditar a sus delegados: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las universidades privadas, el Colegio de Abogados de Honduras; El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones de Sociedad Civil. Las acreditaciones deberán enviarse antes de la media noche del 22 de mayo de 2023 a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
“MERO TRÁMITE”
Dada las disputas entre estas organizaciones para designar a su proponente, el exdirector del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, consideró que la selección del nuevo fiscal general y adjunto «será un mero trámite».
«Esto ya está contaminado y le podría decir que el proceso de elección de la fiscalía es asunto de mero trámite. Los acuerdos políticos que se dieron para la elección de la Corte Suprema de Justicia, la elección del fiscal general y adjunto estaban en el paquete», agregó.
Lo mismo piensa la designada presidencial, Doris Gutiérrez, asegurando que el acuerdo tripartito firmado por los partidos políticos «es a todas luces una práctica antiética que opaca todo el proceso».
“Le quieren dar atol con dedo al pueblo hondureño, cuando aparentemente todo está arreglado desde hace tiempo. Eso nos parece a nosotros un engaño para el pueblo. Si lo van hacer así, pues que lo hagan, pero que no quieran darnos, como dicen, atol con el dedo diciendo que es un proceso transparente, si realmente ya se pueden ir barajando los nombres de quienes van a ir», cuestionó.
Por su parte, el diputado oficialista, Manuel Rodríguez, aseguró que los liberales, nacionalistas y su partido, Libre, incluso, ya acordaron la siguiente distribución de los cargos: Libre se quedará con la Fiscalía General, los nacionalistas con el adjunto y los liberales con la dirección de fiscales. Aunque su compañero de bancada, Víctor Hugo Morales, negó que se hayan reunido con las otras fuerzas políticas en torno al nombramiento del Fiscal General.
CONTRARELOJ
Como ocurrió con la elección de los actuales magistrados, el reloj corre en contra de la integración de la Junta Proponente, quienes tienen la tarea de escoger a los candidatos y entregar una lista al Congreso, que, finalmente, elegirá a los funcionarios para el período 2023-2028.
Conforme al procedimiento, cada postulante será evaluado en audiencias públicas sobre conocimientos jurídicos y conocimiento de la normativa y organización del Ministerio Público. Los cinco mejores, pasarán al Congreso, que a su vez, escogerá a uno solo para cada cargo con 86 de los 128 votos del pleno. Si todo sale bien, estos funcionarios tomarán posesión de sus cargos el 1 de septiembre del 2023 (EG)