El no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) prepara una ley para indemnizar a los familiares de los desaparecidos en la década de los ochentas, informó la institución en un comunicado.
El proyecto es apoyado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno y organizaciones argentinas vinculadas a los derechos humanos para ser entregado el 30 de agosto próximo a la Presidenta Xiomara Castro, agregó.
Según el COFADEH, la iniciativa se basa en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de agosto del 2022 en contra del Estado de Honduras en el caso de desaparecidos conocido como “Deras García y otros” y que obliga al Estado a indemnizar económicamente a los familiares de las víctimas.
“Este proyecto de ley deberá crear la satisfacción a los reclamos históricos de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos por quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado hondureño”, agregó la institución.
La semana pasada, la directora de COFADEH, Betha Oliva, quien fue esposa de Tomás Nativí, uno de los dirigentes populares desaparecidos en 1981, se reunió con la Presidenta Castro, el procurador general, Manuel Galeas y la ministra de Derechos Humanos, Natalia Roque, para discutir los alcances de la ley y las reparaciones económicas a los familiares de las víctimas. La iniciativa cuenta también con el apoyo del titular del Congreso, Luis Redondo y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Odalis Nájera, quienes han participado en las rondas de información con las organizaciones argentinas, entre ellas, Memoria Abierta. “Así ha iniciado un proceso largamente pospuesto y profundamente anhelado por nuestra organización en los últimos 40 años”, declaró la institución.
El COFADEH solicitó al gobierno crear la Ley de la Memoria Histórica, como hay en otros países, sobre los detenidos desaparecidos de a década de los 80.
Se amparan en que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Herminio Deras, emitida en agosto de 2022 establece que el Estado de Honduras deberá diseñar y ejecutar una política nacional de memoria histórica, que garantice a todas las víctimas de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional y sus familiares la verdad, la justicia y la reparación integral de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, dirigida también a recuperar y dignificar la memoria y los valores de quienes fueron víctimas. (EG)