Funcionarios del Poder Ejecutivo continuaron ayer entregando a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), una autorización firmada para que se les investigue el historial financiero sin demora, ni proceso judicial, acuerpando una medida anticorrupción de la Presidenta Xiomara Castro.
La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, fue la primera en presentarse ante el organismo regulador el martes de esta semana, ayer acudieron por la mañana el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Eugenio Sosa; el director de Aduanas, Fausto Cálix; el vicecanciller, Antonio García; el subsecretario de Trabajo, Percy Durón; de la Copeco, Benedicto Santos, entre otros.
También acudió ante la CNBS, el diputado de Libertad y Refundación, Fabricio Sandoval, pese a que el PCM -22-2023, del 26 de abril pasado, solo abarca a funcionarios del Ejecutivo.
Hasta ayer al mediodía, al menos, una decena de funcionarios había entregado la autorización respectiva, hoy se espera un desfile masivo, ya que el primer corte será presentado por el presidente de la CNBS, Marcio Sierra Discua, ante la mandataria en Consejo de Ministros en horas de la noche.
La oposición considera a este decreto como una medida populista, sin embargo, para el director del INE, esta autorización permitirá a la mandataria conocer si en su equipo hay funcionarios enriqueciéndose.
“Hemos acudido al cumplimiento de un PCM en el cual participamos en su discusión y aprobación”, dijo Sosa al salir con una copia en mano de las oficinas de la CNBS donde entregó el documento original a las autoridades del ente regulador.
Explicó que esta medida no se debe tomar a la ligera, ya que como bien se sabe, existen muchas leyes que reconocen el “secreto bancario”, lo que significa que las cuentas bancarias son privadas y nadie puede acceder a ellas, a menos que sea por medio de un caso judicial, que por lo general es un proceso dilatado.
“En este caso, es un acto de buena fe” ya que con esta autorización la CNBS puede presentarle a la Presidenta información sobre los movimientos de las cuentas bancarias de sus funcionarios.
La información financiera también podrá ser utilizada por los entes operadores de justicia como el Ministerio Público o el Tribunal Superior de Cuentas especificó el sociólogo. (JB)