Eduardo Enrique Fuentes Cálix
El Primer Ministro británico durante la II Guerra Mundial Sir Winston Churchill expresó que: “Algunos consideran que la empresa privada es como si fuera un tigre depredador al que hay que matar. Otros lo ven como una vaca a la que pueden ordeñar. Solo unos pocos lo ven por lo que realmente es: El caballo fuerte que tira de todo el carro”.
Honduras, en 1997 cambió radicalmente su política fiscal con la creación del primer Código Tributario, el cual contenía cambios importantes que establecieron reglas en materia fiscal como ser: las sanciones y delitos fiscales, procedimiento fiscal, extinción de las obligaciones tributarias, principio de territorialidad y extraterritorialidad, entre otras.
En 2013 inició un segundo ciclo de reformas, en las que destacan la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión. Esta normativa marco el inicio de las reformas fiscales e incluye los principales aspectos de los nuevos impuestos aprobados, que permitieron el mejoramiento de los ingresos tributarios en Honduras, cumpliendo así las recomendaciones del FMI, sobre la imperativa necesidad de mejorar la recaudación fiscal en Honduras.
En el periodo reciente de reforma, durante la administración anterior, destaca la creación de una nueva institucionalidad en materia fiscal disolviendo la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y en una transición encabezada por la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria surgió el Servicio de Administración de Rentas (SAR), una institución más técnica y operativa, en la que tristemente la actual administración ha realizado despidos masivos del personal que ingresó a través de exámenes públicos por oposición, para dar ingreso a funcionarios afines al partido de gobierno, y como muestra de la politización de este órgano se evidencia la visión política ideológica a través de la cual han impulsado y motivado la aprobación de la mal llamada “Ley de Justicia Tributaria”.
Pasada las 1:00 a.m. del martes 25 de abril del presente año se aprobó en Consejo de Ministros la Ley de Justicia Tributaria, estamento jurídico que ya fue remitido al Congreso Nacional, obviando las posiciones de las centrales obreras y la empresa privada, si bien es cierto no son los únicos actores en el ámbito de la tributación, esas dualidades de elementos globales de producción representan la fuente más grande de empleos formales en el país.
Y en una muestra de posiciones encontradas sobre esta iniciativa, a lo interno del gobierno central, Pedro Barquero anunció su renuncia como ministro de Desarrollo Económico, quien públicamente manifestó su inconformidad con este proyecto de ley.
La Ley de Justicia Tributaria busca “Revertir los privilegios fiscales en el país, creando un sistema tributario justo y transparente”.
Esta propuesta se basa en la creación de un sistema “equitativo” en materia fiscal, pero bajo la óptica del sector privado está propuesta puede causar más perjuicios que utilidades a Honduras. Para muestra se identifica la derogación expresa de dos normativas que ha dinamizado la economía nacional en los últimos años como ser: La Ley de la Promoción de la Alianza Público Privada; al igual que la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, asimismo esta decisión causará un impacto en 10 de los 18 regímenes fiscales.
En resumen, esta ley promueve menos inversión, menos empleo, menos desarrollo lo que ineludiblemente se convertirá en más pobreza, más migración y más violencia.
Mientras todos los países apuntan a fortalecer los sistemas de exoneraciones para atraer la inversión extranjera como El Salvador, donde recientemente el presidente Bukele anunció un agresivo programa de eliminación de impuestos, en Honduras observamos cómo se pretende abrir una pugna a la inversión privada que lejos de generar justicia generará una fuerte depresión a una economía ya deprimida.
Sin duda alguna algo hay de verdad en la posición oficialista que denuncia los abusos de algunos malos empresarios, pero la propia legislación interna ofrece las soluciones para investigar, identificar y castigar estos abusos, si algo nos ha enseñado la historia reciente del país es que eliminar legislación sin analizar las consecuencias no soluciona el problema, al contrario lo empeora, como sucedió con la derogación de la Ley de Empleo por hora, que según datos del Cohep solo durante la Semana Santa se dejaron de generar más de 42,500 empleos por no contar con esta normativa y que hoy incluso aquellos que apoyaron esta derogación piden nuevamente su entrada en vigencia.
En Honduras hay mucho por hacer; mucho que reconstruir, pero no es con posiciones ideológicas radicales y desfasadas que se corregirán los excesos del pasado; la construcción del futuro exige un presente de diálogo, con una visión de país que nos permita comprender que la coexistencia entre todos los sectores políticos, sociales y económicos es posible y necesaria. Promoviendo la inversión nacional e internacional, respetando la propiedad privada y los derechos individuales de los ciudadanos se puede alcanzar verdadero e integral desarrollo.
Máster en Gobierno & Administración Pública y Catedrático Universitario
Twitter: @eefuenteshn