Rafael Delgado Elvir
La propuesta de modificar los regímenes de exoneraciones fiscales ha sido enviada al Congreso Nacional para su aprobación. Esto ha sido precedido de una intensa discusión de varios sectores que se han pronunciado tanto a favor como en contra de estas intenciones. Seguramente continuará la polémica en los próximos días, impregnada de la acostumbrada carga de emociones que se transmiten en muchos de los que opinan y que lamentablemente no contribuyen a aclarar y orientar en la densa trama de cuestiones que estas reformas implican. Las esperanzas que abrigamos es que las discusiones y la decisión final se sostengan sobre un diálogo lleno de evidencias, de buenos análisis y de intereses legítimos, contrario a todo de lo que ya estamos hartos.
Desde el Colegio Hondureño de Economistas de San Pedro Sula desde hace varios años hemos insistido en la necesidad de modificar los regímenes tributarios especiales que tendrán su sentido y justificación solamente si son redimensionados y reconstruidos, para así mejorar su efectividad. La transparencia, los criterios relevantes para su adjudicación, la temporalidad y el monitoreo constante de su impacto para evitar los reprobables abusos de hoy día y del pasado, son elementos básicos que deben estar presentes en el otorgamiento de una ventaja fiscal. Hemos agregado en los últimos años a nuestras exigencias como profesionales de las Ciencias Económicas la convocatoria a un diálogo nacional sobre los temas tributarios y en general del presupuesto de la República para generar consensos mínimos sobre las prioridades del país. Ante las grandes dificultades del momento, solamente en un acuerdo entre amplios sectores donde se fijen los principales objetivos e instrumentos de política fiscal tanto por el lado de los ingresos, del gasto, de la inversión y del endeudamiento público, es posible construir un camino aceptable.
Indudablemente que, aunque es necesario, no es suficiente quedarse solamente en un redimensionamiento sustancial a los regímenes de exoneraciones fiscales. Si desde las políticas públicas no se buscan otros instrumentos y acciones adecuadas que sustituyan a lo viejo y si no se impulsan nuevas políticas para que el país se vuelva atractivo y competitivo, se estará dejando incompleta la tarea. Por ello el país tiene la difícil tarea de construir y no solamente deshacer. Hay que hacer algo adicional y diferente que nos distinga como un país que impulsa la competitividad de sus regiones, industrias y gente a través del camino de la sustentabilidad. Es fundamental impulsar la productividad de la mano de obra a través de sistemas de formación técnica vocacional que den amplio acceso a todos a la educación para el trabajo. Es importante impulsar el desarrollo de la infraestructura física que garantice un acceso de primera calidad a los mercados con carreteras, aeropuertos y puertos marítimos de excelente calidad, así como energía eléctrica a precios competitivos. En el centro de las preocupaciones debe estar el fortalecimiento de las instituciones públicas que deben estar allí para apoyar al productor, así como al emprendedor y no en función de los intereses de ciertos grupos económicos y políticos. Es muy importante un acuerdo general sobre los ingresos adicionales que entrarán al erario a raíz de los cambios en los regímenes fiscales especiales para que no sean alimento adicional de la corrupción y estén a disposición de los sectores productivos que realmente lo necesitan.
El turno le toca ahora al Congreso Nacional de discutir y aprobar lo que se ha recibido. Lo que la ciudadanía espera es una discusión centrada en los objetivos del país; en negociaciones donde se articulen intereses genuinos; que los diputados representen la voz de los sectores más importantes de la población y que la negociación no se degenere en lo que generalmente ha terminado: en un decepcionante proceso de ceder a cambio de favores particulares y de un caro proceso para el pueblo donde lo que se repartan son cuotas de poder. Esperamos en los próximos días una discusión de altura por parte de los involucrados, así como un compromiso visible y sin agendas ocultas con el futuro del país.