En un foro televisivo, el viceministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Christian Duarte, expuso los fundamentos principales que sostienen el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, frente a lo que denominó una campaña de desinformación y críticas provenientes del sector privado.
Durante el Consejo de Ministros, realizado el martes 25 de abril, se aprobó, por unanimidad, remitir dicha ley al Congreso Nacional (CN).
Esta normativa está enmarcada en la serie de propuestas contenidas en el Plan de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro. Y según el funcionario, la ley plantea establecer un marco de ordenamiento para combatir la corrupción público-privada, legalizada en los últimos 12 años, en el sistema tributario nacional.
Durante su participación, el viceministro dio a conocer las cifras que reflejan que, en Honduras, se ha consolidado un sistema tributario regresivo, en el cual los pobres pagan 7 de cada 10 lempiras recaudados.
PRIVILEGIOS FISCALES
Explicó que el otorgamiento excesivo de privilegios fiscales ha derivado en la concentración de la riqueza en unas pocas empresas: 25 grupos económicos, a través de 142 empresas, acumularon dos terceras partes de las exoneraciones fiscales, es decir, más de 30,000 millones de lempiras en apenas 5 años.
Además, sobre la desigualdad existente, dio una cifra ilustrativa: el 98 por ciento de las exoneraciones han sido obtenidas por parte del 20 por ciento más rico de la población.
“Este esquema de corrupción público-privada, el cual se ha implementado históricamente en el país, se ha intensificado durante la administración de los 12 años del Partido Nacional”, dijo Duarte.
Recalcó que Honduras es el único país que ha retrocedido en materia fiscal, como resultado de la incorporación del principio de renta territorial en el Código Tributario, artículo 1, decreto 170-2016, el cual establece el pago de los impuestos a los habitantes por las rentas producidas en el territorio nacional.
Este principio ha contribuido a fomentar la opacidad en las transacciones económicas realizadas por las grandes empresas, promoviendo la evasión fiscal, lamentó.
EVASIÓN MILLONARIA
El viceministro expuso el caso de un grupo económico familiar del país, en donde sus empresas obtuvieron ingresos por aproximadamente 700 millones de lempiras, declarando que más de 630 millones de tales ingresos fueron obtenidos fuera del país.
Las empresas de este grupo están ubicadas en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. “De esta forma, esta familia evadió 157 millones de lempiras”, aseguró Duarte.
Ante los numerosos casos de abusos, irregularidades y corrupción legalizada en los regímenes de exoneración, Duarte señaló que la Ley de Justicia Tributaria, precisamente, plantea dar una respuesta a las demandas históricas realizadas por organizaciones populares que han exigido la implementación de un sistema tributario más equitativo.
Por su parte, los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) tildaron la normativa como un paquetazo, señalando que existe odio hacia el sector empresarial.
Sin embargo, Duarte enfatizó que “establecer un marco legal para combatir la corrupción público-privada que se ha instaurado en el país, no es un odio a los ricos, es simplemente justicia”.