La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ayer las observaciones preliminares de la visita “in loco” que realizó en Honduras, desde el pasado 24 de abril, entre las que destacan desafíos para mejorar la calidad de vida de los hondureños.
El organismo señala retos y avances estructurales que tiene el país y que se relacionan con la desigualdad y pobreza, salud, educación, violencia, con un impacto diferenciado en las mujeres, seguridad ciudadana, independencia del Poder Judicial, acceso a la justicia y conflictos sociales, ambientales y agrarios.
También se analizan problemáticas que afectan a grupos en situación de discriminación y exclusión, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI), personas mayores, en movilidad humana, defensoras y privadas de libertad.
La delegación estuvo liderada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay; la segunda vicepresidenta, Roberta Clarke; el comisionado Carlos Bernal Pulido, relator para Honduras; la comisionada Julissa Mantilla Falcón; y los comisionados, Joel Hernández y Stuardo Ralón.
Además, acompañaron la delegación, la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la jefa de Gabinete, Patricia Colchero; la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; la relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
UN DIÁLOGO SINCERO
La delegación enfatizó que es fundamental que el Estado propicie un diálogo sincero y abierto con todos los sectores, incluyendo a aquellas voces disidentes y que garantice la participación activa de los grupos excluidos y discriminados en el país.
En Honduras, según indica la CIDH, los niveles de pobreza alcanzan al 73 por ciento de la población, mientras que la pobreza extrema al 54 por ciento, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El 84 por ciento de la niñez de 0 a 17 años se encuentra en situación de pobreza y un 65 por ciento en pobreza extrema; y en la inseguridad alimentaria de aproximadamente 6.5 millones de personas en el país.
Datos de UNICEF revelan que las niñas y niños menores de 5 años enfrentan elevados índices de desnutrición crónica, que incluso en algunos departamentos llega a afectar hasta el 50 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 23 meses.
JUSTICIA TRIBUTARIA
La Comisión tomó nota de las políticas públicas y medidas que el Estado ha implementado para la reducción de la pobreza y el combate contra la corrupción, tales como la derogación de la Ley sobre Zonas Especiales de Desarrollo Económico y la presentación de un proyecto de ley de justicia tributaria.
Por lo anterior, consideró que “se hace prioritario asegurar que estas medidas tengan un enfoque de derechos humanos y de justicia fiscal, junto con acciones concretas que permitan su pronta implementación; es imprescindible que en el marco de tales medidas se priorice el combate a la corrupción, los flujos ilícitos de capitales, la evasión de impuestos y el fraude fiscal”.
También constataron las duras condiciones en las que trabaja el personal de la salud y se observó una situación de desabastecimiento de medicamentos e insumos, sobrecarga hospitalaria y desgaste generalizado de la infraestructura básica.
Entre las causas, según señala, se encuentran la debilidad de las políticas sanitarias, así como la insuficiencia de la asignación presupuestaria y la escasez de personal.
La CIDH recibió información preocupante sobre el incremento de la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en el Bajo Aguán.
ASESINATO DE CAMPESINOS
Durante la visita se recibió información sobre desalojos extrajudiciales, amenazas, intimidación, estigmatización en contra de miembros de las cooperativas, al punto de que ocho líderes campesinos fueron asesinados en los últimos meses, las personas beneficiarias de la medida cautelar otorgada por la CIDH manifestaron que no existe un plan o estrategia para la prevención de la violencia en la zona.
“Existe una percepción de que autoridades estatales estarían vinculadas con grupos armados, que resulta en obstáculos de las víctimas para denunciar actos de violencia, asimismo, no se estarían realizando las investigaciones y la impunidad impera en la zona”, describen las observaciones.
DATOS
La comisión de la CIDH sostuvo 87 reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado; órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas privadas de libertad, organismos internacionales, personas de la academia, periodistas y representantes del sector privado.
Según informaron, presentarán un informe completo con recomendaciones para el Estado de Honduras, dentro de seis meses.