El 2022 se constituyó en el más violento de los últimos años para la población Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI), al registrar la muerte violenta de 41 personas, reveló ayer el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, expresó su preocupación por la desmedida discriminación que hay contra la población LGTBI, al incrementarse las muertes violentas y los actos de violencia por la orientación sexual o identidades de género, en el país.
Indicó que la violencia y la discriminación ejercida contra esta población se constituye en una grave violación a los derechos humanos que requiere de la atención inmediata del Estado y de la sociedad en general, para avanzar en el goce real e igualitario de los derechos humanos.
Izaguirre considera urgente que el Estado tome, como un deber propio, la prevención para remover los obstáculos culturales que impiden que las personas LGTBI se desarrollen en un ambiente libre de violencia.
UNA GRAVE SITUACIÓN
Expresó que la muerte violenta de al menos 475 personas de la población LGTBI, entre el 2004 y 2022, revela la grave situación de violencia que enfrenta este sector vulnerable de la sociedad hondureña.
Dicha violencia, según la defensora de los derechos humanos, se agrava por los altos niveles de impunidad que sobrepasan el 90 por ciento de los casos.
El drama humano que viven las personas LGTBI en Honduras se agudizó en los últimos seis años (2017 – 2022), al registrarse personas desaparecidas y la muerte, en circunstancias violentas, de 194 personas, que representan el 41 por ciento del total de casos contabilizados desde el año 2004.
El ente estatal resaltó que el 2022 se constituyó en el año más violento para la población LGTBI, al registrar 43 víctimas, entre ellas dos desaparecidas y la muerte violenta de 41 personas que superan las 40 cometidas en el 2019, las 34 del 2017, las 30 del 2018, las 29 del 2021 y las 20 del 2020.
VIOLACIÓN DE DD. HH.
En el marco de la reunión que sostuvo el Conadeh con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que realiza una visita in loco al país y que concluye este viernes, el ente estatal de derechos humanos de Honduras informó que, según las quejas atendidas de personas LGTBI, las modalidades violatorias más frecuentes son las amenazas a muerte y la falta de acceso a la justicia.
Además, entre las instituciones más denunciadas por las personas LGTBI, ante el Conadeh están la Secretaría de Salud, la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), es decir, denuncias de violaciones a los derechos humanos que son atribuibles al Estado de Honduras.
Debido al contexto de violencia que enfrentan las personas LGTBI, el Conadeh creó la Defensoría de Personas de la Diversidad Sexual.
DATOS
Datos revelados por la organización Lésbica- feminista, Cattrachas, establecen que, entre el 2017 y el 2022, al menos 15 de los 18 departamentos del país fueron escenario de muertes violentas de personas LGTBI. Cortés con 62, Francisco Morazán 53, Atlántida con 16, Yoro con 10, Choluteca 9 y El Paraíso 9, representan el 82% del total de casos.
Durante ese mismo período, los hombres gais, con 116 casos, representan el número más alto de muertes violentas, seguidas por las personas trans con 45 y mujeres lesbianas con 36.
Unos 47 hombres gay fueron ultimados en la vía pública, 36 en su domicilio, 8 en quebradas, también fueron escenario de muerte, vehículos, cementerios, centros penitenciarios, hoteles e incluso en su lugar de trabajo.
En el caso de las personas trans, 28 murieron en la vía pública y 10 en su domicilio, en tanto que 16 mujeres lesbianas perdieron la vida en su domicilio y 14 en la vía pública.
De las 194 muertes violentas de personas LGTBI, al menos, 44 casos fueron judicializados y solo 13, que representan el 7 por ciento, obtuvieron sentencia condenatoria, es decir que, el 93 por ciento de los casos se mantienen impunes.
El 28 de junio del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia mediante la cual declaró al Estado hondureño responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal, en perjuicio de Vicky Hernández, mujer trans-género, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans, asesinada en el 2009. El plazo para el cumplimiento de la sentencia, por parte del Estado de Honduras, vence el próximo mes.