La subsecretaria de Seguridad y encargada de la intervención de los centros penitenciarios del país, Julissa Villanueva, durante la conferencia de Prensa, dijo que la situación del Sistema Carcelario es de importancia para la presidenta Xiomara Castro, al tiempo que aseguró que «la corrupción y la infiltración del crimen organizado» son factores que han afectado el sistema.
Entre las iniciativas anunciadas figura un bloqueo total de la señal telefónica para que los reos no puedan hacer o recibir llamadas desde el interior de las cárceles y un desarme «real» a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el sistema penitenciario.
Villanueva indicó que el objetivo de las medidas es poner fin al crimen organizado que impera en los centros penales de Honduras y no descartó que el país pueda replicar modelos de otros países, que no identificó, pero con «el cuidado de respetar los derechos humanos».
El Gobierno también anunció «la remoción y depuración» del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, así como una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de las prisiones.
Además, se instalarán sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas, así como el traslado y reubicación de los presos de cuatro centros penales con mayor concentración, considerando la gravedad de sus crímenes y el estado de su proceso penal.
Otra de las medidas es la reclasificación y aislamiento de los presos vinculados al crimen organizado, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.
El plan incluye la revisión de «expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación u otras condiciones, y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores».
Asimismo, evaluar y practicar pruebas de confianza a los policías y personal civil de las cárceles, y aumentar el número de agentes penitenciarios y policiales, dotarlos de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y la revisión y ajuste salarial.
Todas las medidas serán aplicadas en el sistema penitenciario, compuesto por 26 cárceles, que alberga a 19.966 presos, entre ellos 1.100 menores de edad.
«La recuperación de la gobernanza y la gestión por parte de grupos criminales es lo primero que tenemos que hacer», subrayó la viceministra de Seguridad.
El Gobierno hondureño creará un banco de datos de los presos para asegurar el registro de su identidad.
«El problema en el sistema penitenciario lo vamos a manejar de acuerdo con el apoyo y el acompañamiento de expertos internacionales con estándares internacionales de temas que ya se han superado en otros países», acotó la funcionaria.
En las cárceles de Honduras impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.