El personal que se encuentra en paro de labores en el Ministerio Público, en petición por un aumento salarial, informaron ayer mediante un comunicado, a través de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Fiscales de Honduras, AFH, que estarían siendo víctimas de un ataque armado planificado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
En el documento detallan que “ante la aceptación pública y manifiesta de altos funcionarios del Estado así como de la gran mayoría de diputados que coincidieron en que la lucha iniciada por los servidores del Ministerio Publico es justa y legal, valorada así de igual manera por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien declaró alerta temprana por las violaciones de derechos humanos de las que de manera pública y evidente estamos siendo víctimas, y ante las intenciones manifestadas por congresistas de interpelar al fiscal general”.
Los denunciantes aseguran que “para el día martes 21 de marzo del año 2023, en la sesión del Congreso Nacional, el fiscal general en complicidad con el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y la viceministra Julissa Villanueva, han planificado un ataque armado contra la manifestación pacífica que los servidores del Ministerio Publico hemos mantenido a lo largo de seis semanas consecutivas, buscando enmarcar nuestro accionar como una conducta típica manipulando tipos penales a su antojo para justificar sus represiones y amenazas haciéndose valer de las diferentes fuerzas policiales, abusando de este poder para intimidar y no permitirnos exigir nuestro derecho constitucional, desnaturalizando así la función verdadera de las fuerzas preventivas del orden público”.
“Es por todo lo anterior que se les responsabiliza de cualquier violación a derechos humanos contra los servidores del Ministerio Público, tales como el derecho de expresión, pensamiento, opinión, manifestación pacífica, derechos universales del hombre que abraza nuestra Constitución de la República y que están por encima de cualquier precepto mal utilizado del Código Penal, así como también de cualquier detención ilegal, tratos degradantes, limitación, impedimento o restricción de derechos fundamentales, abuso de autoridad que puedan estar cometiendo todos los que ejecuten estas órdenes ilícitas y los que las ordenen para que arbitrariamente y abusando de sus funciones impidan el ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución”.
“Solicitamos de manera encarecida a las máximas autoridades del gobierno central, que no permitan que este accionar de todos funcionarios anteriormente mencionados termine en una tragedia por la indiferencia y abuso de autoridad, que lejos de apoyar al sistema de justicia de nuestro país está entorpeciendo y agudizando aún más esta problemática que mantiene al ente acusador del Estado de Honduras en una paralización absoluta de labores”, finaliza el documento.
REPRESALIAS Y ACUSACIONES
Extraoficialmente trascendió que para esta semana se estarían presentando ante los juzgados más de 40 requerimientos fiscales en contra de los fiscales, agentes, detectives, médicos, personal administrativo, entre otros, así como reprimir a los empleados en lucha que tienen tomadas las sedes fiscales y de Medicina Forense a nivel nacional utilizando la Policía Nacional.
Asimismo, que los encargados de presentar los respectivos requerimientos fiscales son los jefes de las distintas fiscalías especiales que se encuentran con teletrabajo y algunos hasta trabajando desde las sedes policiales por órdenes específicas de las máximas autoridades del Ministerio Público, que se mantienen sin pronunciarse ante la crisis laboral que sufre la institución y que ellos mismos han dejado avanzar.
De igual forma, la diputada Fátima Mena denunció que entre pasillos se menciona que quieren intervenir al Ministerio Público y que tal intención coincide con el acuerdo del Partido Nacional, el liberal y Libre de meter tres interventores antes de acabar el periodo de Chinchilla a fin de depurar esta institución, sin embargo, algunos de los manifestantes consideran que estos extremos de la parlamentaria forman parte de la estrategia fijada del grupo selectivo de las máximas autoridades fiscales que han sido denunciados con nombre y apellido por los exorbitantes salarios que ascienden a más de 133 mil lempiras, por solamente girar órdenes desde sus escritorios, mientras que el personal en lucha son los que enfrentan y judicializan delincuentes en los juzgados y tribunales, operar administrativamente para que se les paguen los altos sueldos que fueron aumentados en diciembre de manera selectiva.
Es de mencionar que la diputada María Antonieta Mejía anunció que esta semana la bancada del Partido Nacional presentará un proyecto de ley para darle respuesta de inmediato a la crisis del Ministerio Público, para que se haga una modificación en el presupuesto general de la República y se le pueda incorporar los L450 millones que necesitan en este momento para que tengan el 15 por ciento de aumento del salario mínimo a los fiscales.
PRESUPUESTO ASIGNADO
En cuanto a los extremos de que al MP no se le ha asignado el presupuesto debido, el director general de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Ricardo Madrid, afirmó que “a través de la Tesorería General de la República (TGR), ha transferido L479 millones a favor del Ministerio Público, a la fecha esta institución tiene un saldo a favor en sus cuentas en el Banco Central de L641 millones, esto representa entre el 20 al 25 por ciento del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2023, estos recursos pueden ser utilizados de manera inmediata para cubrir todos los pagos del personal y todos los gastos que requieran para su funcionamiento en las diferentes áreas de la institución”.
Es de precisar que el viernes, todo el personal fue notificado que la Fiscalía General Adjunta no ha realizado el pago del Seguro Médico Privado, alegando que a los personeros del Departamento de Compras no han podido ingresar a las instalaciones del ente fiscal en Lomas del Guijarro, porque son los encargados del pago de la prima del seguro, sin embargo, este personal que se encuentra en la modalidad de teletrabajo fue dejado entrar ese mismo viernes para que realizaran ese proceso, no obstante, los manifestantes confirmaron que el subjefe de Administración, Erick Robledo, no se presentó a darle curso al trámite, como tampoco el pagador, que es el último en autorizar esta transacción. (XM)
