El gobierno de Honduras fracasó en la prevención de invasiones que provocan grave daño a la propiedad privada, el aparato productivo, las exportaciones, las fuentes de empleo y que a su vez alejan la inversión extrajera y nacional.
Los siete departamentos más afectados por la invasión de tierras son Colón, Choluteca, Atlántida, Yoro, Cortés, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán, precisamente donde se concentró el origen de la oferta exportable de las mercancías generales durante 2022.
Analistas urgen que el gobierno resuelva la problemática de invasiones de tierra. Según estimaciones de la empresa privada, al menos 2,400 millones de dólares (L59,000 millones) se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones, que se han agravado por la falta de normas ágiles y eficaces.
Si las invasiones de tierras continúan, el futuro próximo para Honduras es que se va a quedar sin comida porque no la va a poder producir. Adicionalmente, las invasiones mandan un mensaje de inseguridad jurídica en el país a los inversionistas extranjeros.
En ese contexto, instan al Ejecutivo para tomar acciones de manera rápida porque la problemática crea incertidumbre y aumenta los flujos migratorios.
El artículo 613 del Código Civil de Honduras establece que la propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario; es decir que ninguna persona puede ser privada ni importunada en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.
Este es un concepto indispensable para interesar a inversionistas nacionales y extranjeros en Honduras: que puedan adquirir una parcela de tierra o un inmueble como parte de su inversión, generar empleo, obtener ganancias, sin limitación alguna para realizar estas acciones y que estén protegidos por el Estado. Sin embargo, en los últimos meses se han reportado en siete departamentos del país que personas y grupos han irrumpido e ingresado de forma ilegal a varias propiedades privadas.
En la mayoría de los casos no son tierras ociosas sino inmuebles agroindustriales y fincas en las cuales se encuentran valiosas plantaciones, los cuales según el artículo 12 de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola son de “Interés nacional”.
Esta ocupación de forma ilegal de tierras en producción está generando pérdidas económicas considerables para el país e incrementa el miedo de los empresarios nacionales y extranjeros a invertir en Honduras, además de afectar la seguridad jurídica en nuestro país porque los bienes no están siendo respetados y los derechos no están siendo protegidos ni garantizados.
Honduras es un país productor y exportador de variados productos agrícolas y agroindustriales con potencial de crecimiento, en especial, por las necesidades crecientes y amenazadas de alimentos para el mundo.