Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Escenarios típicos de un país pobre y atrasado: un noticiero de la televisión nacional mostraba esta mañana un reportaje sobre el abandono en que se encuentran las salas de cirugía del Hospital Escuela, el centro asistencial público más grande de la capital de la república. A esa misma hora, un foro televisado sometía a examen el tema de la desigualdad educativa en Honduras, poniendo sobre el tapete las razones por las cuales, la calidad de este vital servicio se encuentra en un estado poco menos que deplorable desde hace muchísimos años.
¿A qué se debe que los hospitales y escuelas públicas en Honduras ofrezcan servicios de pésima calidad, y que ningún gobierno, incluso el que tenemos ahora, se haya encargado del problema con seriedad y responsabilidad? ¿Será que el presupuesto nacional resulta insuficiente, o porque los recursos son utilizados en asuntos que no tienen nada que ver con estos dos grandes motores del desarrollo social? La pregunta obligada es: ¿Cómo se resuelve este problema de desigualdad social que se ha convertido en un eterno padecimiento para los más pobres, aumentando los impuestos o, en su defecto, recurriendo a un mecanismo que no sea el Estado?
La desigualdad social es un tema que se aborda cada hora en los medios de comunicación, en la propaganda política, y en la academia. En las negociaciones entre los gobiernos y los organismos internacionales, siempre aparece una cláusula sobre la desigualdad como requisito para establecer un acuerdo. En otras palabras, este paradigma se ha convertido en el arquetipo moral más promulgado, pero no menos politizado del mundo, sobre todo en materia de salud y educación.
Un país con gente mal instruida y con ciudadanos abandonados a su suerte en el aspecto sanitario, es un país condenado al fracaso. Si el Estado, a través de los gobiernos, ha sido incapaz de garantizar estos dos derechos fundamentales, entonces, ¿qué queda por hacer frente a esta perenne frustración que parece no tener fin ni solución en América Latina? Los liberales de la línea “dura” proponen que los servicios de educación y salud deberían pasar al sector privado para aliviar al Estado de esta pesada carga que exige una enorme inversión financiera. Pero, el asunto no se resuelve ahí. En una economía como la nuestra, con salarios bajísimos, las brechas se ensancharían aún más con servicios totalmente privatizados, es decir, los consumidores quedarían entre la espada y la pared, sin los servicios “gratuitos” que provee el Estado -aunque sean de pésima calidad- y con dificultades para acceder a los sistemas privados por cuestiones de costos.
La propuesta más interesante proviene de un sector liberal menos rígido: que los programas de responsabilidad social empresarial sean más serios de lo que han sido hasta ahora, y se encarguen de los servicios educativos y sanitarios en las comunidades donde operan. Miles de empresas alrededor del mundo -como Amazon y J. P. Morgan- llevan a cabo estos programas de manera exitosa. Eso tendría dos efectos positivos: una acomodación a los esquemas tributarios, y una oferta de buena calidad que el Estado es incapaz de proveer.
El problema de América Latina es que la salud y la educación son temas altamente politizados, disfrazados de humanitarismo y sensibilidad social, que justifican, entre otras cosas, el alza desmedida de los impuestos, el sostén de una oligarquía de dirigentes sindicales, y el compadrazgo con grupos empresariales que nadan en el remanso del proteccionismo estatal. En otras palabras, aunque no lo parezca, es el Estado y sus amigotes los que, en buena medida, promueven la desigualdad social.
La salida al problema de la desigualdad radica en tres cosas: un crecimiento económico en ascenso, que genere riqueza a través de la inversión privada; una frugalidad en el gasto estatal, y la supresión de los privilegios otorgados por el Estado. No existe otra alternativa, a menos que quieran imitar el sistema socialista, donde el Estado proporciona una cobertura más o menos amplia, eso sí, a costa del sacrificio de los salarios de los empleados públicos.