El Socorro Jurídico Humanitario pidió este jueves a la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, que emita una condena pública contra el Gobierno, Congreso y Órgano Judicial por las detenciones de «inocentes» durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
En una carta entregada en la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidieron a Caballero un «pronunciamiento de condena hacia el Gobierno, la Asamblea legislativa y la administración de Justicia por acusar falsamente a personas INOCENTES».
Añadió que estos órganos de Estado, a su juicio, no han seguido «el debido proceso» y que la condena debe ser también «por no respetar la presunción de inocencia claramente establecidas en la Constitución».
El Socorro Jurídico también pidió su intervención en el caso de un agricultor de 66 años detenido por más de 9 meses, a pesar de que «no había ningún tipo de prueba» en su contra.
Pidieron a Caballero que solicite el «correspondiente peritaje forense» para «conocer el verdadero estado de salud».
El coordinador de la organización, Stanley Quinteros, dijo a periodistas que han documentado un incremento de los padecimientos crónicos entre los detenidos y que «siguen falleciendo» bajo custodia estatal personas arrestadas.
«El Estado salvadoreño está matando a nuestras víctimas del régimen de excepción, porque no les están proporcionando sus medicamentos», añadió.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo esta suspensión de derechos constitucionales son más de 64.000 personas las detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la PDDH han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021. EFE