Rafael Delgado
Tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia después de varios meses en el que todo, o casi todo, giró alrededor de su elección. Había muchas razones para que ello levantara tanta discusión y elevadas expectativas. En efecto, el Poder Judicial cayó muy bajo al permitir tanta ilegalidad que asombraba a todos y levantaba así agrias reacciones y protestas en la generalidad de la ciudadanía. Y lo peor: todo ello aceleraba el proceso de debilitamiento del país y sus instituciones. Con todo lo que ocurrió en siete años, lo que al principio de su gestión pudo haber sido sospechas, terminó comprobándose como real: la integración de la Corte Suprema de Justicia no respondía a los intereses del país y del Estado de derecho; intereses ilegales de ciertos grupos del poder político y económico del país la controlaban. Pero dejemos que el análisis tranquilo y objetivo venga en el futuro cercano a analizarlo para así no olvidar lo que pasó y que no se repita.
Evidentemente que para tener mejores resultados y no caer en los mismos errores del pasado, había que hacer las cosas diferentes. La Junta Nominadora fue un buen paso en ese sentido. Pese al ambiente de incredulidad en el que vivimos, resultado precisamente del desorden que se ha vuelto la regla, hay evidencias de un trabajo dirigido a presentarle al Poder Legislativo una nómina filtrada en base a criterios de calidad, independencia y de desempeño a tono con las exigencias del momento: limpios de todo vínculo con la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. En todo caso, si hay dudas sobre el trabajo realizado, estas se despejarán o se corroborarán pronto con los hechos.
Al Congreso Nacional le tocó tomar la decisión final. Como órgano eminentemente político le correspondía lo que debe hacer todo poder de representación popular: discutir, negociar, pactar en base a intereses legítimos, enmarcados en ley y teniendo presente su misión de ser representantes de la ciudadanía. Eso no prevaleció en este proceso. Aún queda el sabor que esas facultades que le entregó el soberano a sus representantes en la cámara legislativa se utilizan mal. Las motivaciones que se revelan al legislar y hacer los nombramientos que le corresponden por ley son escudarse, legitimar los caprichos y ocupar los puestos con peones. La fórmula 6-5-4 que se negoció indica una repartición motivada por lo anterior y más allá de eso, levanta las dudas sobre lo que vendrá en caso de un Poder Judicial independiente e incómodo para los planes partidistas.
Pese a ello, la esperanza no se agota y por allí rebrota tímidamente, al terminar el período la corte anterior y que los nuevos magistrados, en los que debe resonar en sus oídos las altas expectativas de todo un país, tienen esa oportunidad de empezar algo diametralmente diferente. La hoja está todavía limpia y pueden empezar a llenarla con acciones congruentes con la constitución política y sus demás leyes. No debería ser mucho pedirles que se desliguen de cualquier vínculo de dependencia respecto a las cúpulas partidarias que los eligieron y al dinero o a indignos tratos que les ofrezcan. Los efectos de una justicia imparcial y apegada a las leyes abren muchas puertas, entre ellos el prestigio de sus mismos magistrados. Pero lo más importante es indudablemente que tener un Poder Judicial independiente y capaz eleva la confianza en este país y en sus instituciones generando condiciones para emprender y vivir en un ambiente donde todos seamos iguales frente a la ley.