Óscar Lanza Rosales
El semanario inglés, The Economist, ha publicado el pasado mes de enero, su Índice de Democracia 2022, en cuya medición se incluye Honduras, sobre lo cual voy a escribir este día, pero antes de abordar ese tema, voy a describir dos hechos que me han dejado sorprendido, y que nos desnudan a los hondureños, como huérfanos de cultura democrática, hasta en las altas alcurnias del conocimiento.
El primero tiene que ver con una presentación del programa televisivo 30/30 de 29 de enero del presente año, de cómo nuestros partidos políticos están negociando la integración de la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que mencionaron las cuatro probables alternativas de distribución numérica de los candidatos afines a los partidos: (Libre 7, PN 5, PL 3; Libre 6, PN 5, PL 4; Libre 6, PN 5, PL 3, PSH 1; Libre 5, PN 5, PL 5). Como los invitados no fueron contundentes en sus respuestas, dejaron la sensación -por lo menos para mí- que nos remitieron al bipartidismo del pasado, en que el partido ganador se agenciaba 8 magistrados y el perdedor 7, y ahora que hay más partidos, había que seguir esa tradición, que los dos partidos mayoritarios -Libre y Partido Nacional- que juntos reúnen más de la mayoría calificada, sean ellos los que se repartan la CSJ, con 8 para Libre y 7 para el PN. Me parece que los entrevistados no actuaron como analistas democráticos, invitando al congreso a que no politizara la elección, y que la discusión girará alrededor de la idoneidad de los candidatos, y no a su afinidad partidaria.
El segundo caso tiene que ver con la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que ante la invitación que le formularon en el telenoticiero Frente a Frente, representantes del Cohep y Fosdeh, para dialogar sobre los actuales problemas que nos preocupan a los hondureños, como la alta inflación, el endeudamiento público abultado, la baja inversión, tanto pública como privada, y por ende el crecimiento del desempleo, ella, ante esa invitación a dialogar, se niega, porque dice que por décadas, gobierno y empresa privada y sociedad civil, han venido dialogando, sin resultados positivos para el bienestar de la población, dando a entender que el gobierno, en forma unilateral, tomará las decisiones que estime conveniente, para solucionar esos problemas, lo cual suena a dictadura, donde no hay consulta, diálogo y mucho menos consenso. Otro ejemplo, que nos demuestra que no hemos comprendido el significado de la democracia, donde el principal instrumento es el diálogo, que no debe agotarse, sino hasta que se llegan a soluciones satisfactorias, para todos los actores.
Por esas actitudes, es que The Economist, por medio de su Índice de Democracia, ha calificado a Honduras con 5,15 (sobre una de base 10), en la posición 91 de 167 país del mundo, y 15 a nivel de Latinoamérica y el Caribe (LAC). Y nos ubica en la tercera categoría, como un Régimen Híbrido o Democracia Híbrida, porque hemos mejorado los procesos electorales, pero el funcionamiento del gobierno sigue deficiente, y es notoria la debilidad de las instituciones, la sociedad civil, el Estado de derecho, la cultura política, y no existe independencia del Poder Judicial.
Sobre una base de 10, el índice tiene 4 categorías: Democracia Plena (8 a 10), Democracia Defectuosa (6 a 7.99); Regímenes Híbridos (4 a 5.99); y Regímenes Autoritarios (0 a 3.99).
La gran conclusión de esta evaluación es que “la calidad democrática en los países de LAC está en retroceso. Que hay un camino oscuro hacia la autocracia, al caer el índice por cuarto años consecutivos, y con el riesgo que siga descendiendo”. El puntaje promedio de la región en 2022 cayó a 5,79, por debajo del 5,83 en 2021.
Según el documento, LAC sufre actualmente de un bajo nivel de confianza a las instituciones estatales, la desigualdad social y la corrupción (la mayor del mundo). Sus estados también se han debilitado por el crecimiento de organizaciones criminales. El narcotráfico ha convertido a la región en un centro mundial para los cárteles transnacionales de la droga que representan una amenaza para la democracia. Agrega que debido a las medidas de prevención causadas por la pandemia del covid-19, las libertades civiles también se vieron restringidas.
No hay duda, que la democracia es el mejor sistema político de gobierno y el único que nos garantiza la libertad, pero los responsables para que funcione bien, somos los ciudadanos, los políticos y la sociedad en general. ¡Ese es el gran reto!