El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), analizará la millonaria demanda contra el Estado, luego fijará una posición sobre este caso que involucra a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Procuraduría General de la República (PGR) y un ciudadano estadounidense.
El empresario Murray Farmer se reunió ayer con representantes de la cúpula empresarial, acompañado por su equipo legal en busca de apoyo a la demanda de aproximadamente 2,608 millones de lempiras.
Al final de la reunión, el apoderado legal, Marco Zelaya comentó que “la empresa privada hará una investigación exhaustiva al expediente y envestidos de la autoridad que ellos cuentan y la experiencia en este tipo de casos, va a ser importante el dictamen que ellos van a emitir”.
La cúpula privada tomará una decisión sobre este caso, en junta directiva, acotó Zelaya, al tiempo de asegurar que existe desinformación, en vista de que se trata de un laudo arbitral y no una demanda ordinaria.
El laudo arbitral se celebró en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en el 2009, año del golpe de Estado, donde se condenó al Estado, por medio del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a pagar la millonaria demanda.
Comentó, además, que “ya viene un pago autorizado por la Corte que está por salir, inclusive, se hicieron algunos pagos por parte del actual procurador cuando retomó su cargo para concluir el período que tenía que concluir la abogada Estela Cardona”.
El pago fue de aproximadamente 350 millones de lempiras, especificó Zelaya, pero enfatizó que su representado está dispuesto a conciliar, ya que no se trata de afectar al Estado.
El también apoderado legal del señor Farmer, el abogado, Jacobo Salandia comentó que una Corte de Nueva York se abstuvo de conocer el caso en el pasado reciente, descartando así, que haya fallado en contra de los intereses del defendido.
“La Corte Federal no desestimó esta causa, eso es mentira, lo que hubo fue, determinó y le dio a Honduras fue la salvedad de la inmunidad de los pueblos, es decir, se excuso por motivos de jurisdicción”. En relación a los rumores de una red de corrupción o supuesta negligencia, es del parecer que sea el Ministerio Público el que investigue tales extremos. (JB)