Carlos G. Cálix
En 2022 decidí publicar el libro “La Señora Presidenta, ¿Una solución o un problema?” Y la verdad es que lo escribí a modo de advertencia visualizando lo que podría ocurrir en Honduras a partir de 2023. Transcurrido un año y, nuevamente con datos reales, no maquillados como la mayoría de los informes gubernamentales, mantengo mi posición y ratifico mi pensamiento: hasta ahora, la presidenta y parte de su gabinete han demostrado indicios de incapacidad para gobernar.
Las sospechas de su incapacidad se manifiestan en la errónea política exterior y en su falta de conocimiento sobre la geopolítica y la geoeconomía. Las dudas sobre su incapacidad resultan tan evidentes como los baches en las principales carreteras de Honduras y como los mil millones de lempiras que diariamente gastan. Ante ello, indudablemente sus habilidades de gestión deben ser evaluadas públicamente y con ellas las de su equipo de gobierno que luego de doce meses ha sido incapaz de comenzar a resolver eficientemente los problemas de salud, educación y seguridad.
Son doce meses que claramente no son los doce años del partido predecesor que tanto han señalado. Y creo saber que algunos dirán que hay que dejarla trabajar como lo decían en los primeros cien días de gobierno, como lo expresaban en los primeros seis meses de gestión, como lo dicen al cumplir un año y como lo dirán en los próximos tres. Aunque no me extrañaría el inicio de una campaña pidiendo sutilmente “cuatro años más” emulando a los seguidores de Juan Orlando Hernández que en 2017 lo solicitaban a gritos y que en 2022 quedaron calladitos. Sea como sea, la mala gestión del primer año de la presidenta Castro se parece mucho al primer año del mal gobierno del expresidente Hernández, mismo que en su campaña de 2013 gritó a los cuatro vientos que su administración se caracterizaría por una eficiente gestión por resultados. En esa misma línea, los indicadores macroeconómicos y sociales durante el primer año de gobierno de la presidenta Castro, combinados con sus breves exposiciones en público, no solo vislumbran su inhabilidad para el cargo, sino que, muestran su constante falta a la verdad al dirigirse a los hondureños y a la comunidad internacional.
Y es que, desde su primer día en funciones faltó a la verdad. En su primer discurso, la presidenta dijo que brindaría las cifras reales no las “maquilladas”, sin embargo, los datos comunicados, provenían de las mismas fuentes oficiales provistas por el gobierno anterior. Tanto criticó los “doce años de la narcodictadura” que, frente a Kamala Harris, demás representantes de Estados amigos y, su propio pueblo, utilizó los mismos datos de la “Encuesta de hogares de propósito múltiple”, realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicados en noviembre de 2021, además de las cifras provenientes de la Secretaría de Finanzas. -Sí, esas mismas instituciones que Juan Orlando Hernández también utilizaba para presentar sus informes-. Así que la presidenta ha faltado a la verdad en diversas ocasiones, razón por la cual el reconocido diario peruano El Comercio, argumentó que las declaraciones de la mandataria hondureña en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) son “una serie de falsedades que merecen una respuesta contundente”, expresando que Castro “pronunció un discurso repleto de mentiras”. -Un año antes lo mencioné en la página 33 de mi libro arriba citado-De la misma manera que expresé lo que iba a ocurrir con la postura de Salvador Nasralla en el ensayo intitulado “Con el sombrero equivocado”. Sin embargo, lejos del error político de Nasralla al ceder su prometedora candidatura, hay que prestarle atención al menos en algo: su insistencia sobre la incapacidad de la presidenta y parte de su gabinete.
En esta columna quiero dejar claro algo, mi opinión es sobre la gestión de la funcionaria y parte de su equipo, no sobre la persona. El detalle radica en que muchos de los ciudadanos que la eligieron presidenta de la nación confiaron en que ella haría las cosas bien. Sus seguidores y hasta parte de la tenue oposición quiere que sea ella la que gobierne y que no se preste a ser la testaferro gubernamental de un expresidente que a todas luces se siente el presidente en funciones.
Para no esperar hasta 2026 y para determinar las capacidades de la presidenta y sus funcionarios; se podría hacer uso de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana o de la Ley Especial de Juicio Político, cuyo artículo 5, causal 3, deja de manifiesto los efectos por cuales podría cesar sus funciones: Negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.
¡Honduras merece lo mejor!
[email protected] Carlos G. Cálix es Profesor del Doctorado en Dirección Empresarial-UNAH. Posdoctorado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur-CONICET.