Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
En Honduras, la relación entre política y el derecho marca la controversia en la coyuntura histórica actual que estamos viviendo los hondureños en general y los partidos políticos en particular. La cuestión del control del Poder Judicial pone sobre el tapete de la mesa: la desjudicialización de la política y la politización de la justicia.
Han convertido a la Corte Suprema de Justicia, “hoy más que ayer”, en el coto de caza de los políticos, debido a la preocupación por la independencia del Poder Judicial en las decisiones políticas. En otras palabras, la publicitada selección de magistrados y todo lo que está implicando, no es más que una mascarada para lograr un blindaje eficaz ante los delitos de corrupción que se han cometido por ciertos políticos con relativo poder, y que no se han juzgado, y por otra parte, la manipulación de dicho aparato estatal para emprender procesos que aseguren la continuidad en el poder del gobierno de los socialistas.
Queda claro, que la aplicación de la justicia en Honduras, no puede producirse sino es filtrada a través del filtro político partidario, es decir bajo la incidencia de la élite política actualmente en el poder de gobierno, quienes buscan evitar la independencia inconveniente del Poder Judicial. Las atribuciones del Poder Judicial con todo y sus doctrinas, están supeditándolas al poder de políticos que deciden a quienes colocar como magistrados, con lo cual, se está ampliando las atribuciones de los políticos en el Poder Judicial, mismos que aumentan su control, para lograr eventualmente que las decisiones judiciales, se vuelvan compatibles con la Constitución, o en el caso extremo, permitir un proceso para instaurar una Constituyente que cambie el estatus del Estado republicano, en función del anhelo refundacional de los genuinos socialistas.
A los socialistas no les importa pervertir la Corte Judicial a fin de obtener el control político de ese poder del Estado, y en esa estrategia de múltiples propósitos intervencionistas, aseguran el blindaje para evitar el afloramiento de casos concretos de corrupción, de los cuales existen pruebas asociados a connotados políticos, que están muy bien guardadas y, asimismo, la sumisión de los magistrados a las directrices políticas que les den desde el Poder Ejecutivo, para lograr reformas constitucionales que les beneficien.
En Honduras, tal como están las condiciones políticas en la actualidad, resulta difícil o irrealizable, ampliar las atribuciones del Poder Judicial para actuar como árbitro “entre poderes políticos, entre poder político y ciudadanía, así como para controlar que las decisiones políticas sean compatibles con la Constitución” (Ansolabehere, Karina, 2005).
El coordinador del partido Libre, entiende muy bien que debe controlar el Poder Judicial para asegurar reformas en la constitución acordes a sus lineamientos políticos; incidir en el arbitraje de conflictos en torno a los alcances y límites del poder político e incidir en la fiscalización de la tarea de los políticos. Los socialistas están llevando la politización de la justicia al extremo de querer limitar cualquier avance del Poder Judicial sobre el ámbito de la sociedad política y, por lo tanto, están aumentando el rol político interventor para evitar decisiones de los magistrados que puedan obstaculizar la estrategia política que van imponiendo. De tal suerte que, a través de alianzas con los liberales, buscan legitimar el aumento de la intervención política en la capacidad de fiscalización del Poder Judicial, sobre funcionarios o exfuncionarios públicos que cometen o han cometido delitos. Y en esto, es muy probable que hasta los diputados nacionalistas estén confabulados al votar por magistrados que puedan tener controlados. En este sentido, ciertos diputados de la bancada nacionalista y con la complacencia de autoridades oficialistas y del candidato que ellos apoyan, escogen magistrados en función de sus intereses particulares y no del interés general del nacionalismo, que demanda una justicia íntegra e independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, puede percibirse que, al aumentar la politización del Poder Judicial, se reducirían los alcances de este poder para cambiar normas que el poder político sancione (leyes y reglamentos) y que los magistrados podrían realizar, utilizando la figura del control de constitucionalidad. Finalmente, el Poder Ejecutivo al utilizar el Poder Legislativo a su favor, aumenta su capacidad de control del Poder Judicial para reducir la legitimidad de los magistrados en la resolución de conflictos políticos, tal es el caso de la ilegalidad de la junta directiva del Congreso Nacional y de otras figuras del Poder Ejecutivo, como lo son el procurador y el subprocurador que, fueron elegidos también ilegalmente.
En conclusión, el gobierno socialista coordinado por Libre, no va a permitir que el Poder Judicial controle y revise las acciones del poder político y se constituya en un poder clave del juego político.