Por: Carlos Medrano*
Qué inversionista, nacional o extranjero, con tres dedos de frente, va a invertir en un país que no garantiza la propiedad privada y lejos de eso promociona, ignora a los afectados, se confabula y se acobarda con grupos delincuenciales que están invadiendo y usurpando tierras y propiedades productivas en todo el país?
Bajo la bandera de la “reivindicación social”, grupos delictivos organizados tienen invadido miles de hectáreas de terrenos sin que ninguna autoridad ya sea policial o de la Fiscalía, procedan a aplicar la ley y meter preso a quienes están promoviendo estas tomas.
Cuando usted adquiere un bien, ya sea un terreno, una casa, un carro, un negocio, o cualquier pertenencia, bajo un contrato debidamente legalizado e inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP), la SAR o alcaldía municipal y delincuentes se apoderan de ellos sin que el Estado pueda garantizar esta adquisición, definitivamente vamos en retroceso y estamos en la “Ley de la Selva”.
Dichos grupos que se aprovechan de un gobierno débil y de políticos inescrupulosos que de manera demagógica prometen en campaña tierras para los campesinos y para los más pobres y se dedican a atacar a la empresa privada acusándoles de “terratenientes”, están ganando la batalla de la ilegalidad.
Cálculos conservadores del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), establecen que las tierras invadidas por parte de “campesinos” en Honduras ascienden a 30 mil manzanas, sin que ninguna autoridad pueda frenar este hecho ilegal.
Estas tierras invadidas, muchas de ellas donde se encuentra una industria que produce diferentes insumos para la producción y exportación pertenecen en su mayoría a empresarios privados que se encuentran en indefensión y “manos arriba” frente a grupos de delincuentes arropados bajo la bandera de campesinos.
Los invasores llegan con la impunidad que les proporciona el gobierno, se roban todo cuanto pueden y que tenga valor, afectando no solo al inversionista, sino a los tributos que ya no se pagarán al Estado de Honduras y a miles de trabajadores que han quedado prácticamente en la calle.
Sustraen la palma africana, la producción de la caña de azúcar, melón, okra, arroz, ganadería y otras industrias altamente productivas y propiedades estratégicas, acobijados, según los delincuentes, en la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Modernización para el Desarrollo Agrícola del país.
Todo este delito de usurpación de propiedad privada lo único que ha generado es el cierre de fuentes de trabajo, menos exportaciones, menos producción, menos empresas que vengan al país a invertir por la inseguridad jurídica.
Nuestras autoridades han sido pusilánimes en enfrentar las invasiones de propiedades privadas, han promovido la usurpación de tierras al no tener una voluntad política para frenar estas fuerzas irregulares y castigarlas con cárcel conforme a la legislación actual.
Ha sido una “bola de nieve”, primero invaden, roban, no tributan, no exportan, generan pobreza, dejan sin trabajo a miles de hondureños, dejando secuelas de destrucción para Honduras, menos trabajo y menos país al degradarse el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
Ponga orden presidente Xiomara, porque se quedará sin exportaciones y sin inversión extranjera en el campo, sin empresarios que generan comida, viviendo de préstamos y de la caridad internacional, pues sin Estado de Derecho lo que nos espera es la barbarie, el salvajismo, la selva y más pobreza oliendo a miseria.
*Periodista