Jorge Alberto Constant
De cara a la elección de los quince magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia, debemos aprovechar con inteligencia, tranquilidad y equilibrio el momento que está viviendo la ciudadanía hondureña. Es preciso abandonar las miopías de intereses partidarios, ideológicos o de grupos económicos.
Considerando el estallido de reclamos ciudadanos en los sectores salud y educación; la agitación laboral en el Sanaa, la SIT, entre otros, más la sobre exposición pública de las necesidades del conglomerado nacional y la incertidumbre que se difunde a través de importantes medios de comunicación, quienes ponen mayor énfasis en los desacuerdos políticos entre diputados que en las posibilidades de reconciliación, mantienen en vilo al conglomerado nacional.
Mucho daño se le hace a la democracia cuando, por intereses mezquinos, se cuestiona la legalidad de la junta directiva del Congreso Nacional. Según especialistas políticos; los diputados que vierten estas expresiones, lanzan un bumerang que les alcanzara a ellos mismos cuando se haga público, el estudio técnico del impacto social de “las leyes ilegales” emitidas por los ahora opositores que gobernaron en los 12 años anteriores.
Los señalamientos, insultos, diatribas, calumnias, en medio de tan importante responsabilidad de nombrar los magistrados, no tiene coherencia ni congruencia con los objetivos de solidaridad democrática.
La propuesta debe re direccionarse para que los congresistas emprendan unidos un camino que culmine en la escogencia de los magistrados; no los de mejor currículo; sino, quienes mejor han actuado en el trayecto de sus vidas.
Es decir, las personas más capaces en fuerza espiritual, para que la justicia sea eficaz, para que modifique todo el entramado del tejido social y avanzar hacia espacios de prosperidad integral.
Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar y hay que aprovecharla para emprender las acciones que aseguren, por fin, que todos los hondureños tengamos una pronta y cumplida justicia.
Si miramos desde el espacio del optimismo y las fortalezas, la ley que dio paso a la creación de la Junta Nominadora y el fino trabajo que realizaron en tamizar a todos los aspirantes, sin duda, merecen un premio a las buenas prácticas por colocar primero la búsqueda de la excelencia en la justicia.
Debemos considerar que existe una frontera entre lo técnico y lo político; el excelente trabajo de la Junta Nominadora ha sido reconocido incluso por veedurías internacionales; ahora, corresponde la responsabilidad a quienes integran el Poder Legislativo.
Nunca como hoy los diputados electos por el Soberano habían tenido una lupa de doble densidad sobre ellos. Pendientes de su actuar están los organismos internacionales, la academia, empresarios, inversionistas, la prensa, pero sobre todo el pueblo hondureño.
Esta escogencia y nombramiento de los quince magistrados, se considera la de mayor cobertura mediática en la historia del país. La efervescencia política y social de los últimos meses nos ha hecho más conscientes de la importancia de la justicia en una democracia tan frágil como la nuestra.
Independientemente de quienes sean escogidos por el Poder Legislativo; los quince magistrados deberán ser garantes de los derechos de todos los hondureños; tendrán la responsabilidad de solucionar conflictos de gran calado social; les corresponde el deber de asegurar la convivencia ciudadana.
Si hay que ejercer control social, que sea precisamente para combatir la corrupción, la delincuencia y favorecer la construcción de paz entre la familia hondureña.
Es propicio el momento para que una vez formalizada la nueva Corte Suprema de Justicia con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, convoquen actores sociales de los tanques de pensamiento, la academia, Colegio de Abogados, empresarios, emprendedores y la participación de la sociedad civil, para que unidos en propósitos y objetivos, puedan crear los lineamientos para reformar y agilizar las acciones de la estructura judicial en Honduras.
En esta vía, en el marco de la complementariedad de los tres poderes del Estado, el presidente del Congreso Nacional adelanta acciones con varias comisiones legislativas integradas por congresistas de todos los partidos políticos, entre ellas: la de justicia y derechos humanos, legislación y asuntos constitucionales, con el respaldo del equipo de asesores técnicos, para crear territorios sociales organizados con la nueva CSJ, y promover una visión de largo plazo sobre la trama cultural de justicia y equidad que simplifique los procesos y coadyuve a mejorar significativamente los indicadores de competitividad judicial.
Mucha preocupación ha causado en todos los sectores del país, la difusión de contenidos que promueven la confrontación dirigida para provocar turbulencia en la relación entre congresistas; la nueva Corte Suprema de Justicia nos concierne a todos y en particular a quienes más recursos poseen.
En este momento crucial, los diputados, tienen la responsabilidad de seleccionar y nombrar a los nuevos magistrados, necesitan el respaldo y apoyo ciudadano, así como un mayor compromiso de objetividad de quienes trabajan en las veedurías sociales, tomando en consideración que se ha explicado hasta la saciedad los protocolos de transparencia y probidad del proceso de selección y nombramientos.
Con todo esto, los hondureños debemos tener confianza de que nuestros legisladores escogerán las personas más idóneas, mujeres y hombres que tendrán la enorme responsabilidad de modificar drásticamente los indicadores de impunidad, generar mayor gobernabilidad y gobernanza, garantizar el respeto a la vida y los derechos humanos; generar paz social a través de la justicia y, consolidar la democracia.