Honduras el país de América Latina que otorga el mayor porcentaje de exoneraciones en relación al PIB y con más del 74 por ciento de su población en pobreza, se propone racionalizar los privilegios fiscales que gozan más de 3,000 beneficiarios, desde grandes empresas, hasta iglesias.
La Presidenta Xiomara Castro anunció a la nación, esta semana, que enviará al Congreso Nacional de la República, un proyecto de ley orientado a controlar el gasto tributario establecido en 40 a 200 leyes recientes y de vieja data.
La eliminación o reducción de los incentivos tributarios es un tema que no ha caminado en más de una década, en 2013 hubo un intento al ponerles fecha límite a varias franquicias.
Luego en 2017 se creó un censo de exonerados en la Secretaría de Finanzas (Sefin), ahora la propuesta de la mandataria y su gabinete, es acceder a más de 46 mil millones de lempiras anuales, que se otorgan a sectores y grupos económicos, para enfrentar compromisos como la deuda pública que lastra cualquier intento de desarrollo.
A criterio de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, diariamente el país destina 145 millones de lempiras para enfrentar el pago de la deuda interna y externa, recién contratada una parte, pero la mayoría, más de 16,000 millones de dólares que vienen de los dos gobiernos anteriores.
JUSTICIA TRIBUTARIA
“No es nada del otro mundo, se trata de una reforma en el marco constitucional, pero que apunte hacia la justicia y equidad en materia tributaria. Que recaudemos, lo que realmente como país deberíamos de recaudar para disminuir los niveles de endeudamiento”.
La deuda pública es una carga pesada, “que, por ejemplo, son 145 millones de lempiras cada día que tenemos que pagar, casi para siempre, sino hacemos nada”, al tiempo de considerar como “impactante”, tal extremo.
La reforma busca equilibrar las exoneraciones con las cargas impositivas, mejorar los ingresos de las finanzas públicas y disminuir la cantidad de deuda que se deba contratar, resumió Moncada.
En los últimos años el debate se ha centrado en otorgar exoneraciones para atraer inversiones que ofrezcan empleos, pero de acuerdo a la ministra de Finanzas, Honduras lleva 70 años bajo este modelo y no despega como país, ya que siete de diez hondureños están desempleados.
Determinados analistas creen que la reforma encontrará obstáculos en el sector privado y el Legislativo, sin embargo, el vicepresidente de este poder del Estado, Hugo Noé Pino, llamó ayer a que “no cunda el pánico”.
Porque, en primer lugar, “no se les va a quitar exoneraciones a nadie; no se le va a dejar de reconocer en función de la seguridad jurídica, lo que ya está en las leyes”, apuntó Noé Pino.
“Lo que sí se va a hacer, es racionalizarlas”, que significa revisar si las que se han otorgado, están cumpliendo los objetivos como generación de empleo y de divisas, entre otros factores.
La seguridad jurídica, mano de obra calificada, seguridad ciudadana y la simplificación administrativa del Estado, atraen capitales extranjeros, y no necesariamente los privilegios fiscales, puntualizó el vicepresidente del Legislativo. (JB)
DATO
Honduras otorga más de un 7.2 por ciento del PIB en incentivos fiscales, el más alto en la región, a sectores como la manufactura, agroindustria, comercio, energía, turismo, diplomáticos, iglesias y fundaciones.