La Fiscalía ejecutó la Operación Poseidón a nivel nacional, entre las acciones se efectuó el aseguramiento e incautación de 13 bienes inmuebles, muebles y productos financieros al comisionado general (r) de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velásquez.
A través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se realizaron las acciones en mención en una residencia en el barrio La Granja de Comayagüela, un terreno en la aldea El Hatillo de Tegucigalpa, cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y la cantidad de 7.3 millones de lempiras (L7,031,078.63) que son aportaciones que el titular de derechos tiene en la cooperativa COMPACAL, ubicada en San Pedro Sula.
Conforme a lo recabado en este caso, el oficial retirado en calidad de investigado, de 2015 al 2019, mostró un incremento patrimonial injustificado por un monto superior a los 12 millones de lempiras (L12,103,846.58), razón por la que el Ministerio Público promovió la acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito.
Los fiscales en el juicio buscan demostrar el comportamiento financiero del comisionado general de policía (r) que presentó ingresos no compatibles con la fuente de origen identificada, consecuentemente, de obtenerse una sentencia, se pretende recuperar a favor del Estado los valores que resulten de la subasta de los referidos activos.
RECIBÍ CERCA DE L4 MILLONES
Ante esta situación, el exfuncionario policial, posteó “Honduras; me voy a personar ante el órgano jurisdiccional correspondiente, 12 millones e incongruencia; 1. Terreno en El Hatillo, comprado por una hermana en 1991 al Ing. Luis Lazarus, QDDG, fraccionó dicho terreno en tres lotes y me regaló uno de ellos”.
Asimismo, “2/3; la casa de La Granja obtenida desde 2008 después de vender un terreno en Villas Mackay en SPS. Vehículos de segunda obtenidos en varios años y el más reciente un 2019, financiado por FicoAutos”.
“3/3. Aportaciones a COMPACAL a medias con otra persona desde el año 2012. Bien sabe el fiscal que solo para mi retiro de la Policía Nacional recibí cerca de 4 millones del IPM, y la Secretaría de Seguridad como prestaciones”, contó.
Siguió que “4. He hecho las cosas de manera correcta, en su momento me personé al MP para aclarar la situación y se me dio un cierre administrativo. No quiero creer que soy víctima de una persecución”.
“Casa de La Granja; hipotecada desde 2015 con el Instituto de Previsión Militar por 1.7 millones de lempiras, a partir de este momento Luis Echeverría tendrá que pagar la cuota del préstamo, de lo contrario va el 327 constitucional”, añadió.
Finalizó que “30 años de servicio ininterrumpidos en la Policía Nacional y sigo manteniendo mi posición que lo hice con lealtad y honor, poniendo siempre las cosas en manos de Dios”.
CORRUPCIÓN Y CRÍMENES
Por otra parte, en Poseidón, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC documentaron un caso en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en relación a la denuncia 009-2015 donde con el proyecto MITIGAR se suscribieron varios proyectos, entre ellos la construcción de puentes en el río Lempa en Ocotepeque, río Blanco en Palma Real, San Luis, Santa Bárbara y uno tipo hamaca peatonal en Apacilagua, Choluteca.
Estas obras fueron ejecutadas entre los años 2010-2016 con fondos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la investigación está orientada a determinar una presunta sobrevaloración en los costos y problemas de diseño, calidad e infraestructura.
Además, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) interpuso dos requerimientos fiscales por 21 supuestos delitos en la administración anterior del Registro Nacional de las Personas (RNP) en el departamento de Olancho, al tiempo que en la zona norte se tiene previsto efectuar inspecciones y decomiso de documentos en dos alcaldías por abuso de autoridad.
Durante la Operación Poseidón, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejerce acciones por crímenes en perjuicio de miembros de la diversidad sexual y transportistas o en casos en las que las ejecutorias recaen en estructuras criminales organizadas.
En ese sentido, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural investiga en la empresa LACHANSA un posible delito de explotación ilegal de los recursos naturales (material pétreo metálica y no metálica) en perjuicio de la comunidad indígena tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro.
De su lado, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) acusó a una agente penitenciaria por presunto abuso de autoridad a una operadora de justicia. (XM)
