Por: Carolina Alduvín
Esta dama sí nos enorgullece, estudiosa, profesional, valiente y apegada a la ley, correspondió a ella juramentar a quienes ganaron las elecciones generales, en vista de la absoluta y reconocida ilegalidad en su cargo, del funcionario que, según el Art. 205, numeral 12 constitucional debió haber tomado promesa de ley. Hecho público, transmitido en vivo y en directo, delante del cuerpo diplomático residente y de visitantes especiales, para vergüenza nacional y pésimo precedente para una administración irregular desde antes de arrancar. Necedad que se empeñan en mantener, a riesgo de que algún vivales decida desconocer compromisos de importancia capital, en vista de tan débil posición.
No conformes con imponerse mañosamente, comenzaron a legislar en favor de sus parciales con delitos pendientes, a hacer nombramientos extemporáneos y de beneficio particular, cayendo en un repudiable pacto de impunidad y perdiendo en el acto toda autoridad moral para solicitar -por ejemplo- una CICIH, que por cierto ya manifestó sus condiciones, mismas que no tienen la menor intención de cumplir, una promesa de campaña más que dejarán en el aire y, cínicamente se justificarán alegando que, los extranjeros son los que no quieren venir. Obvio, tienen mejores cosas que hacer, se niegan a perder su tiempo en una causa perdida. Esta administración es aún más corrupta y fomenta más la impunidad que la anterior.
Y no es que la ciudadanía sea indolente, y se conforme con el desorden que se fomenta desde el Legislativo, ya se han presentado recursos en contra de la directiva, de sus actuaciones, de sus resoluciones, de las leyes parcializadas promulgadas en estos meses. El mismo vocero del Poder Judicial declara ante los medios que hay 14 recursos interpuestos, siendo la principal motivación, el tema de la amnistía. Agrega que, los órganos jurisdiccionales han solicitado la declaración de inconstitucionalidad, o han enviado los expedientes a la Sala de lo Constitucional para su análisis antes de dictar una resolución. Todo se vincula al tema de la junta directiva.
Hasta ahora, los comunicadores lo ponen como noticia, al ser la juez Karla Romero quien ha tomado la iniciativa, ella aclara que, lo único que ha presentado son los recursos por vía oficiosa de inconstitucionalidad en contra la de la Ley de Amnistía, en ella, se refiere a la legalidad o no, del órgano que presentó la moción de esa ley, que fue la junta directiva del CN, ella no lo había presentado de forma directa, porque solo hace lo que en derecho le corresponde. Ahora, que la CSJ se tiene que pronunciar al respecto, una de las posibilidades es que se declare ilegal a la junta directiva del CN, porque el recurso tiene otras circunstancias que establecen la inconstitucionalidad. Ella consulta al respecto, pero son los magistrados quienes, en definitiva, se tienen que pronunciar, tal como manifestó el vocero de la CSJ.
De forma directa, no ha sido ella, porque el único que, según la Ley de Justicia Constitucional, tiene interés legítimo o interés legitimado para poder presentar ese recurso, como parte de los requisitos de un recurso de inconstitucionalidad, es el Ministerio Público a través de la defensa de la Constitución, y no lo han hecho, por eso mismo, los recursos presentados previamente fueron rechazados. Ella ha puesto en riesgo su seguridad, en aras de su profesionalismo, ella es una profesional seria, aplicada exclusivamente a la academia y sobre todo al imperio de la ley en el Estado democrático de derecho que trata de fortalecer a través de su cargo judicial y como profesional responsable.
La Sala de lo Constitucional ha admitido ambos recursos y, no se sabe cuál será la resolución que exige el imperio de la ley; la pelota está en la cancha de ellos, este es el momento de reivindicarse, resolviendo conforme a la Constitución y las leyes. La ciudadanía honrada espera eso, no desea ser decepcionada nuevamente, existe la posibilidad de que uno o más de ellos aspiren a seguir ocupando tales cargos, y que un fallo a conveniencia de quienes han traicionado la confianza de los votantes, les sirva como carta de negociación para mantener vigente el pacto de impunidad. Sin embargo, quienes abogan por afirmar sus aspiraciones totalitarias dan señales de temor, ya están anticipando procesos de desestabilización que no hay, y hasta temen a unas simples camisetas blancas, para eso, mejor vayan alistando las pijamas.