La Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (), urgió ayer en los bajos del Congreso Nacional aprobar la Ley de Desplazamiento para la atención, prevención y protección de hondureños desplazados internamente por la violencia.
En la petición, se recordó que, según el Estudio de Caracterización de Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras, entre el 2004-2018, al menos 247,090 personas fueron desplazadas por la violencia, lo que significa que aproximadamente el 2.7% de la población hondureña ha sido víctima de este fenómeno.
Los hogares desplazados se caracterizan por estar integrados principalmente por personas jóvenes y el 43% de las víctimas son personas menores de edad, por lo que existe una mayor probabilidad de desplazamiento en los hogares con mayor presencia de niños, niñas y adolescentes, argumentaron.
El estudio destaca que el 55% de los integrantes de los hogares desplazados son mujeres, lo que significa que los hogares encabezados por mujeres son más vulnerables al desplazamiento ante situaciones de riesgo e inseguridad y que los principales departamentos de expulsión y recepción son Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida.
San Pedro Sula, Distrito Central, La Ceiba y Choloma, son los cuatro municipios más afectados por el desplazamiento interno, y los municipios con mayor número de homicidios.
Adicionalmente se sabe que las principales causas del desplazamiento interno están relacionadas al control social y territorial por parte de estructuras criminales, la extorsión, el reclutamiento forzado, la violencia de género y el despojo de tierras y viviendas.
Por ello, ayer en los bajos del Legislativo la CIPPDV, en ocasión de la visita del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Desplazamiento Interno, las Organizaciones de Sociedad Civil e instituciones de Defensa de Derecho
Humanos, incluido el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), exigieron al Congreso Nacional la adopción de la Ley de Desplazamiento. (JS)