Lima (AFP). La Fiscal de la Nación de Perú presentó hoy martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.
«Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder», señala la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.
La denuncia incluye también a dos exministros de Castillo, acusados de tráfico de influencias. Se trata de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, a quienes se sindica como integrantes de la supuesta organización que dirige Castillo desde la presidencia.
«Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas», informó Benavides en redes sociales.
«Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción», agregó la fiscal de la nación.
El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.
El futuro del presidente torna sombrío ya que la alianza de izquierda que lo apoya en Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.
De hecho, Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses.
No hay antecedentes de que la fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio.