Por: Carolina Alduvín
Aunque pudiera parecer una cifra en números romanos, cualquiera que aprovechó sus años de escuela y todavía recuerda las enseñanzas, sabe que ni se escriben con guiones y que los caracteres de mayor valor van a la izquierda, no en posición terminal. No, lo que tenemos son las siglas de un adefesio jurídico titulado “Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres”, es un proyecto de ley que ni resuelve ni sienta las bases para resolver el inveterado problema. Si este CN con directiva ilegalmente impuesta, pretende aprobarla, antes debe reformar la Constitución mediante mayoría de tres cuartas partes en dos legislaturas consecutivas, para modificar su Art. 67, dado que la propuesta despenaliza el aborto en Honduras. Es inconstitucional porque atenta contra el derecho a la vida y por donde se le vea.
Además, al no definir con precisión quién es la mujer a la que señala como titular de derechos en el Art. 3, la LI-CVM supone una transversalización de la cuestionable ideología de género en Honduras. Más bien constituye un daño directo a las mujeres y es un retroceso en la lucha por sus derechos. En el citado artículo, se omite identificar claramente quién es el sujeto titular de la protección. Si bien, se indica que se trata de las mujeres, adolescentes y niñas, enseguida incluye a: “cualquier orientación sexual, expresión e identidad de género”. Con esta inclusión, la definición de mujer se hace tan amplia que la categoría de sujeto protegido se torna irrelevante.
Por si no bastara, tampoco respeta la separación de poderes, violenta los derechos de los padres, atenta contra la iniciativa privada en educación, desconoce la libertad religiosa, es una grave violación a la libertad de expresión y libertad de prensa, además desconoce las garantías básicas del derecho penal. En términos jurídicos, contraviene directamente los Art. 16 y 17 de la Constitución, viola el 2, 4, 60, 66, 77, 152, 157, 160, 166, 212 y 313 de la misma Carta Magna y atentaría contra el Art. 112 Constitucional en caso de ser aprobada la LI-CVM.
Para rematar, la ley incluye tipos de violencia que no están regulados en la legislación penal ni en la tradición jurídica nacional al ser sobre inclusiva, la ley es vaga e imprecisa, al crear la paradoja de “si todo es violencia contra mujer, entonces nada es violencia contra la mujer”. La legislación vigente de Honduras ya protege a las mujeres contra la violencia y la discriminación por medio del Código Penal, la Ley en contra de la Violencia Doméstica y la Ley de Igualdad de Oportunidades, entre otras disposiciones existentes, lo que hace falta es que ellas recurran a la defensa de sus derechos y que los funcionarios las hagan cumplir. Lo prioritario no es crear más leyes, sino dotar a las instituciones estatales existentes de recursos y mecanismos para coordinar el trabajo dirigido a tan alegada protección, por ejemplo casas de refugio para las víctimas.
El Partido Nacional, a través de las redes sociales de su bancada en el Congreso, publica un comunicado con fecha del 28 de septiembre recién pasado cuyo título reza: “Proyectos de ley que atenten contra la institución divina de la familia y los valores morales, no pasarán sin los votos del Partido Nacional”. Ojo, no mencionan oponerse, sino que advierten: para que los orates que nos desgobiernan se salgan con la suya, los necesitan; sugiriendo entre líneas, la posibilidad de negociar. Ya en el texto, manifiestan respeto por las preferencias sexuales de cada persona en el ámbito privado. Manifiestan oponerse a la intención de la PGR de seguir el juego a la opinión -no vinculante- de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que promueve la ley en mención, luego ratifican ser necesarios al enfatizar en la necesidad de contar con 96 votos para sus aviesos fines y rematan demagógicamente, condenando a este remedo de gobierno destinar tiempo y recursos a estos despropósitos en lugar de atender los verdaderos y urgentes problemas nacionales que afectan sobre todo a los más necesitados.
Ya en los meses transcurridos, la banda 44 ha demostrado que, luego de vociferar y desgañitarse condenando en el parlamento las iniciativas de los liebres, estos lograron imponer su directiva espuria, su pacto de impunidad para delincuentes leales y otros asuntos lesivos a la población, sin los votos suficientes, pero con un poder de convencimiento que los cambia de un día para otro, lo que inevitablemente llevará al engolosinamiento y al desliz final que les impedirá volverla a ver durante a saber cuántas décadas, si se descuidan negociando.