Washington, DC. Honduras debería elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus aptitudes, experiencia e integridad, señaló hoy Human Rights Watch. La selección debe realizarse sobre la base de criterios claros y el proceso debe ser transparente y permitir la participación de la sociedad civil.
El proceso de selección acaba de comenzar y se espera que culmine en enero de 2023. La decisión final con respecto a los nuevos magistrados la tomará el Congreso Nacional, cuyo presidente, Luis Redondo, es aliado de la presidenta Xiomara Castro.
“Mientras el Estado de derecho se cae a pedazos en América Central, Honduras puede marcar la diferencia si selecciona a los nuevos magistrados de la Corte Suprema en función del mérito, fortaleciendo así la independencia judicial”, dijo César Muñoz, investigador senior de la división de las Américas de Human Rights Watch.
“La presidenta Castro no debe caer en la tentación de elegir una Corte Suprema que responda a sus propios intereses y a los partidos políticos, incluido el suyo”, agregó.
Las falencias en el proceso de selección de autoridades judiciales es una de las principales causas de algunos de los males que aquejan a Honduras y a sus vecinos de América Central, como instituciones frágiles, corrupción desenfrenada y un sistema de justicia que ha sido utilizado para proteger a los poderosos y perseguir a defensores de derechos humanos y periodistas.
En Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei ha trabajado con el Ministerio Público para impedir investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, y ha usado el sistema de justicia contra jueces, fiscales y periodistas independientes. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha socavado las instituciones democráticas, eliminando prácticamente cualquier contrapeso a su poder. Y, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega controla todos los estamentos del gobierno y ha perseguido de manera sistemática a críticos, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
La victoria de la presidenta Castro en noviembre de 2021, a partir de una plataforma electoral que promovía los derechos humanos, generó inmensas expectativas de cambios, pero la respuesta a tales expectativas ha sido lenta, señaló Human Rights Watch.
La selección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema ofrece a la presidenta Castro y a sus aliados en el Congreso una oportunidad crucial de fortalecer la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Actualmente la Corte tiene ante sí casos sobre aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo y otros asuntos de derechos humanos. Además, la Corte Suprema cumple una función muy importante en la lucha contra la corrupción, dado que ejerce competencia respecto de casos en los que están implicados miembros del Congreso y otros altos funcionarios públicos.
En julio de 2022, en respuesta a una carta enviada por Human Rights Watch, el gobierno de la Presidenta Castro se comprometió a establecer un proceso de selección que garantice la independencia judicial.
Un líder político, varios jueces y representantes de la sociedad civil dijeron a Human Rights Watch que, tradicionalmente, los partidos políticos han abusado de la facultad de designar a magistrados de la Corte Suprema repartiéndose las vacantes entre ellos en función de la proporción de escaños que ocupan en el Congreso.
Asimismo, diversas fuentes señalaron que cuando un caso que involucra a un partido político llega a la Corte Suprema, incluidas las causas por corrupción, por lo general se asigna a un magistrado afín al partido involucrado.
Esta práctica ha convertido a la Corte Suprema en un instrumento de fuerzas políticas, con consecuencias nefastas para el país, en lugar de una institución independiente que aplique la ley a todos por igual, dijo Human Rights Watch.