Por: Fernando Berríos*
Existe una manía de los gobiernos, sean de izquierda o derecha, por ejercer la acción de la gobernanza sin contrapesos. Mal consejo les han dado.
Hoy en día, cuantos gobernantes logran el poder, se muestran hipersensibles a la crítica. Casi en un abrir y cerrar de ojos, aquellos políticos bonachones, que posaban sudados y ajados con el pobre pueblo, comiendo de su plato y abrazándose sin asco aparente, hoy, investidos de poder se muestran altaneros, engreídos, intolerantes, arrogantes, soberbios, prepotentes.
Días atrás observé como una viceministra de una importante cartera ministerial salía de una oficina. Caminó lentamente hasta la potente camioneta blanca, aguardando que su motorista y guardaespaldas le abrieran la puerta. No era “manca” como decían popularmente los abuelos. Apenas unos meses atrás, esta misma dama que hoy es funcionaria pública, viajaba en su propio “perolito” al que rechinaban las puertas cuando abría y cerraba y le tronaban las balineras. Llegaba a su trabajo oliendo a humo, porque no funcionaba el aire acondicionado. Hoy el poder le impide abrir la puerta y conducir su propio vehículo.
Pero supongamos que todos tenemos derecho a progresar, a trascender y tener un mejor estilo de vida. Aunque esos excesos se paguen con nuestros impuestos, no nos vamos a meter con esa sensación indescriptible que le provoca a los nuevos funcionarios conducirse en camionetas lujosas, blindadas, con seguridad asignada y escoltas de seguimiento. Se les entiende que estas son las “manifestaciones de poder” que tanto anhelaron y hoy esos sueños se les hacen realidad.
Pero más allá de esas trivialidades que determinan si un funcionario es o no es importante o si tiene o no tiene poder, lo que nos preocupa es que en su soberbia pretendan aniquilar los contrapesos que son fundamentales en las sociedades libres y democráticas.
Hoy los gobiernos, llámense de izquierda, derecha o centro, no quieren contrapesos a su gestión. Rehúyen a la crítica por más que esta sea constructiva y bien intencionada. Y en esos afanes, comienzan a verse más como dictadores que como demócratas.
Ejemplos de sobra tenemos en la región centroamericana de cómo estos gobiernos se ufanan en perseguir organizaciones civiles, medios de comunicación, iglesias. Y sin el menor pudor, declaran enemigos a todo aquel que no congenie con sus ideas o simplemente, no avale sus excesos.
En gran medida, los responsables son ese cúmulo de asesores internacionales contratados por los políticos para importar estrategias de descrédito. La norma es destruir al rival en lugar de ponderar las virtudes del candidato que les contrata. Tiene lógica, porque en la conducta humana, siempre ha resultado más fácil destruir que construir.
La materia prima en estas campañas sucias y de odio que estos asesores venden como la panacea son el descrédito, la difamación, la calumnia, la manipulación de los hechos, las fake news, las verdades a medias.
Y han ido más ello al proponer el uso de la impartición de justicia y la denuncia anticorrupción como herramienta electoral, de manera que hoy es más común que antes observar como jueces y fiscales se prestan para interponer requerimientos contra candidatos políticos. Que este sea culpable o inocente, que la denuncia tenga fundamento o no, es irrelevante para el objetivo político-electoral que se persigue.
Sumado a esto, las oenegés, organizaciones civiles, iglesias y medios de comunicación entran al juego político, renunciando inclusive a su independencia, asumiendo roles que no les competen y que van desde desestabilizar gobiernos hasta destruir partidos políticos, pese a que estos últimos son instituciones de derecho público indispensables para el fortalecimiento democrático.
El papel que han asumido algunas de estas organizaciones ha sido bochornoso e indigno. A algunos solo les ha faltado levantar una bandera política y ponerse la camiseta de achichincles o activistas, como si no recordaran que estas instituciones de sociedad civil se deben a la ciudadanía y no a políticos.
Esto lo que hemos visto en países como Nicaragua y El Salvador, donde ahora hay una guerra abierta entre el poder y las iglesias, entre el poder y los medios de comunicación, entre el poder y la sociedad civil. En ambos casos, estos sectores cruzaron la línea al pretender convertirse en actores electorales.
Estas organizaciones se crearon como espacios ciudadanos altamente representativos de la sociedad y en sus atribuciones está la de colaborar con los gobiernos en la formulación de políticas públicas. Pero muchas equivocaron el camino, convirtiéndose en instrumentos para construir o destruir candidaturas políticas. El sector privado, por innumerables errores del pasado, se mostró esta última vez más cauteloso y ponderado. Pero los demás sectores hicieron alianzas con políticos y siempre supimos que esto no iba a terminar bien ni para los unos ni para los otros, precisamente porque existe y prevalece esa idea de que la política debe ser sucia, maliciosa y malintencionada y que, en el ejercicio del poder, se debe quitar del camino a cuanto sujeto o institución ahora pretenda retomar sus objetivos originarios, lo que automáticamente los convierte en enemigos de ese antiguo “aliado” que hoy ostenta el poder.
Una vez convertidos en gobierno, ya no quieren esos contrapesos que, aplicados a otros, les ayudaron a ganar elecciones. Quieren crítica pero a la medida, es decir, una que no atente contra sus objetivos, que no necesariamente son sanos sino perversos.
*Periodista
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