Por: Rodolfo Dumas Castillo
Hace algunos días comentábamos en este mismo espacio que Honduras requiere de reformas urgentes para reducir la horrorosa tramitología que impide a la administración pública responder diligentemente las peticiones ciudadanas o empresariales, lo que consecuentemente condiciona la actividad económica. Se propuso buscar alianzas para que el registro de bienes inmuebles del Instituto de la Propiedad se maneje de manera más ágil en beneficio de miles de usuarios que a diario realizan transacciones en esa entidad, sin que ello implique renuncia del control estatal, pero con enormes beneficios colaterales, incluyendo un mejor ambiente para las inversiones y mayor seguridad jurídica. ¿Qué más se puede hacer para reducir ineficiencias tan dañinas para el país? Muchísimo. ¿Se pueden lograr sin profundas reformas constitucionales o extensos procesos legislativos? Claro que sí.
Inicialmente, las municipalidades deben acelerar sus procesos internos, concretando cooperaciones del sector privado para lograr máxima eficiencia, como se hace en San Pedro Sula con la CCIC. El registro de contribuyentes y constancias de vecindad deben emitirse de manera sencilla, gratuita e inmediata, preferiblemente a través de plataformas electrónicas que permitan al usuario imprimirlas. Esto cumple con la obligación de identificación vecinal, pero simultáneamente proporciona valiosa información para conocer los requerimientos de recursos a nivel municipal o regional, pasando a ser un activo para las autoridades locales. Los permisos de operación para pequeños emprendedores y profesionales independientes deberían aprobarse con requisitos mínimos y un pago único (anual). Idealmente estos incorporarían la posibilidad de operar dentro de locales de cualquier naturaleza, incluyendo de tipo residencial, sin costosos trámites de autorización ambiental, permisos de bomberos y otros similares, excluyéndolos además del Impuesto de Industria, Comercio y Servicios.
La mayoría de los permisos deberían quedar sujetos a verificación a posteriori con sanciones proporcionales al tipo y gravedad de la infracción. Merece una revisión muy especial, en cada municipio, el tema de los permisos de construcción, que constituye un gigantesco obstáculo para el desarrollo de viviendas y la industria de la construcción, especialmente en estos momentos en que el costo de materiales sufre aumentos constantes producto de proceso inflacionario global, por lo que cualquier atraso encarece su costo final y disminuye su accesibilidad financiera.
En plataformas digitales, los permisos, licencias, registros o constancias emitidos por cada entidad (por ejemplo, los enviados por correo electrónico) deben tener la misma validez que los extendidos en sus oficinas. Estos documentos, al tener serie, número de permiso y otros detalles relevantes pueden ser fácilmente corroborados por funcionarios cuando los requieran a empresas, comerciantes o particulares, quedando asentados en la base de datos de cada organismo. Muchas entidades permiten la presentación de solicitudes en línea, pero persiste la necesidad de anexar documentos de manera presencial. Otras se apoyan eficazmente en las herramientas digitales, particularmente para la notificación de resoluciones, pero no para la recepción de solicitudes o para cumplimentar requerimientos posteriores. Algunos inclusive generan duplicidad de tareas, como el sistema “PAMEH” de la Secretaría de Finanzas, cuya información también debe presentarse en formato impreso.
La descentralización requiere nombrar funcionarios a nivel local que tengan facultades para firmar resoluciones y demás documentos que pongan fin al procedimiento administrativo. Para esto no debería existir ningún impedimento y se garantizarían los principios de economía procesal, eficacia, celeridad, impulso oficioso, imparcialidad y razonabilidad. La meta es lograr la digitalización total de los trámites administrativos. Esto debe incluir, necesariamente, la posibilidad de que algunos puedan completarse de manera inmediata, es decir, que el mismo sistema, sin asistencia o participación de ningún funcionario, pueda emitir permisos, autorizaciones o licencias con solo agotar el proceso en línea. La automatización garantizaría objetividad procesal y la conclusión eficiente de los trámites, eliminando la discrecionalidad que tanto desgaste genera para los usuarios en todo tipo de gestiones.
Continuará…
Twitter: @RodolfoDumas