Juan Ramón Martínez
La crisis política, había empezado su escalada final, en el mes de marzo de 2009. El 23 de marzo, “el presidente Zelaya en Consejo de Ministros, acuerda realizar una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para buscar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto Ejecutivo PCM—05—2009, no fue publicado en el diario Oficial La Gaceta. El periódico “Poder Ciudadano”, órgano de la administración del gobierno liberal, publica el contenido del acuerdo ejecutivo de la convocatoria (Poder Ciudadano, número 99 del 27 de marzo de 2009). El resto de los medios de comunicación, guardan discreto silencio”. (Juan Ramón Martínez, Diario del Retorno, 125). Dos días después, el 25 de marzo, la Fiscalía General del Estado se pronuncia contra la legalidad del decreto PCM—05—2009, por ser contrario y violatorio a la legislación jurídica nacional. Si bien nunca fue publicado en La Gaceta, fue invocado por el presidente Zelaya Rosales en todos los actos oficiales. En las denominadas Asambleas del Poder Ciudadano, se expusieron de manera detallada los alcances de ese mecanismo de consulta popular. Con el propósito de evadir la responsabilidad legal, el decreto ejecutivo no llegó a las oficinas de la Empresa de Artes Gráficas para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Sin embargo, la pérdida del poder final, después que Manuel Zelaya había confrontado a casi todo el mundo –Fiscalía General, Congreso, iglesias, partidos y medios de comunicación– había ocurrió el 25 de enero anterior, Zelaya Rosales, ejerció varias maniobras buscando imponer a Marlina Dubón de Flores, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, el primer poder del estado nacional, en el que solo había logrado integrar dos abogados cercanos suyos. “El resto de los magistrados se colocaron frente a Zelaya, ratificando sus lealtades a la ley y al Partido Liberal y al Partido Nacional que, de alguna manera habían patrocinado sus candidaturas por medio de los diputados del Congreso Nacional”. (Martínez, 94). De forma que cuando recibieron el requerimiento de la Fiscalía General, en contra del presidente Manuel Zelaya, la Corte Suprema de Justicia, atravesaba enormes dificultades económicas porque el Poder Ejecutivo, se negaba a procesar las transferencias que le correspondían de acuerdo al Presupuesto General. Zelaya, en su obstinación, había empezado a creer para entonces que, vía el chantaje económico, podría hacer que las instituciones cedieran a sus pretensiones, cosa que no ocurrió nunca. Más bien, aceleraron las cosas y consolidaron los grupos opuestos a las pretensiones continuistas del presidente Zelaya. Para entonces, lo único que le quedaba era la lealtad de la Policía y las Fuerzas Armadas. En la fecha antes citada, la cuestión que dividía al país era la realización de la llamada cuarta urna que creemos que se imaginó como un mecanismo para darle tranquilidad a Zelaya, a fin que confiara que la clase política no la emprendería en su contra, una vez que dejara el Poder Ejecutivo. El problema era que Zelaya, que se movía entre “halcones” (Flores Lanza, Enrique Reina, Patricia Rodas) y “palomas” (Jiménez Puerto, Arístides Mejía, Raúl Valladares), terminó creyendo que la consulta debía orientarse exclusivamente a preguntarle al pueblo sí deseaba que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente y no como había sido al principio que buscaba que el pueblo, dijera si aceptaba o no, que se hiciera una consulta para efectuar un plebiscito. El 22 de junio de 2009, en una reunión en la embajada de los Estados Unidos, teniendo como anfitriones a Hugo Llorens y su asistente Simón Henshaw y estando presentes Manuel Zelaya Rosales, Carlos Flores, Roberto Micheletti, Elvin Santos, José Alfredo Saavedra, Eduardo Enrique Reina y Arturo Corrales Álvarez. El embajador Llorens, señaló que los países cooperantes estaban muy preocupados por la situación política, lo que “pone en riesgo la cooperación internacional”. Las palabras del embajador no tuvieron ningún efecto”. Y aunque la reunión se inició dentro de un tenso espíritu de obligada cordialidad, el punto de partida compartido por todos los asistentes, era si el contenido de la pregunta que se incluiría en la boleta electoral, era ilegal o no. Y, además, ante una insinuación de Zelaya, en el sentido que Arturo Corrales, era el que había provocado el problema político que los mantenía reunidos; este inmediatamente aclaró que la cuarta urna y la consulta, eran dos cosas diferentes. Y aprovechó para decirle al presidente Zelaya que, al insistir en la consulta, que se efectuaría en junio 29 próximo, se colocaba en una situación de plena violación de la ley y que “estaba desobedeciendo a tres tribunales”. Según Romeo Vásquez Velásquez, Corrales, continuó diciéndole a Zelaya, “usted está desobedeciendo al Tribunal Electoral, a la Corte, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, a la Procuraduría y ya está enfrentado por la Corte Suprema de Justicia por esto”. (Romeo Vásquez Velásquez, Ambiciones Peligrosas, las tentaciones del Poder, Editorial San Sebastián, 2015, 397). Era evidente para entonces que Zelaya, estaba atrapado en un curso de acción, cuya característica fundamental era la desobediencia a la ley, en el propósito de hacer añicos los artículos pétreos que impedían la reelección y provocar un golpe de Estado que le permitiera la continuidad ilegal en el poder, ejerciéndolo en calidad de Jefe de Estado, y desde el cual, podría convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución y convocara igualmente a elecciones que, sin duda ganaría fácilmente. La obstinación de Zelaya, estudiada objetivamente hace pensar que por momentos es un actor que se siente incómodo en un guion que otros le han preparado y que, por ello, busca alternativas y propone disposiciones y cambios para aceptarlas. En la reunión que venimos señalando, en tono jovial, interrumpe a Corrales diciéndole que le han invitado no para que venga a censurar, sino para que proponga soluciones. Por ello es que, según Vásquez Velásquez, el presidente Zelaya llamó el martes 23 de junio a Corrales para que le ayudara a buscar una salida. Para entonces, el camino idóneo era posponer la consulta ilegal. De esa manera se conseguiría un tiempo para negociar y encontrar salidas. Pero las fuerzas inerciales, provocadas por la misma confrontación, la dureza de las posturas y el orgullo humano, inevitable en estas cosas, endurecía las posiciones. “En opinión de Arturo Corrales. Enrique Flores Lanza, era el hombre de confianza de Patricia Rodas, la ideóloga de la Cuarta Urna y la Constituyente, y mantenía su misma posición respecto a la pregunta original y a la realización de la encuesta del 28 de junio. Esto hizo que varios de los hombres más cercanos al presidente se alejaran de él por considerar que la posición de Flores Lanza era intransigente. Arístides Mejía. Milton Jiménez Puerto y Raúl Valladares se habían hecho a un lado, aunque seguían apoyando al presidente Zelaya, al que estimaban sinceramente” (Vásquez Velásquez, 398). Al día siguiente, se efectuó una segunda reunión en la embajada de los Estados Unidos. Para entonces, los hombres que querían evitar que la crisis llegara al final, creían que todo se resolvería con solo cambiar la pregunta, pasando por alto que el problema central era que la consulta del 28 de junio era ilegal. En la reunión a que hacemos referencia, Flores Lanza y Eduardo Enrique Reina, dentro del concepto anteriormente expresado, procedieron a redactar una propuesta de pregunta que se haría dentro de la consulta que se mantenía invariable y la que decía textualmente lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo que, en las elecciones generales de noviembre de 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución Política?”. Vista objetivamente la pregunta, pareciera que resolvía un problema inexistente, pero era un espejismo. Porque la dificultad no era la pregunta, sino que la consulta que había sido declarada ilegal por los tribunales. Siendo hombres inteligentes, es inadmisible que, para entonces, no tuvieran conciencia que el sistema jurídico nacional estaba en movimiento y que reaccionaría en forma defensiva ante lo que era inevitable que no se juzgara como un intento de golpe de Estado del Ejecutivo en contra de la institucionalidad normada por la Constitución de 1982. “La reunión terminó poco tiempo después, sin embargo, lo que nadie sabía era que, en ese momento, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban comenzando una reunión de urgencia que haría hervir la sangre del presidente en sus venas. Para él fue una noche larga, una noche de preocupaciones, de presión y de muchas indecisiones” (Vásquez Velásquez, 400). Pero había empezado el proceso para impedir el golpe de Estado. Ante tal eventualidad que no creemos que el presidente Zelaya la haya excluido totalmente, hay que observar que al día 25 de junio, convocara a la alta oficialidad de la Policía “a Casa Presidencial, donde Zelaya le hizo entrega de un documento de respaldo a la Cuarta Urna, a su gestión política y a su liderazgo transformador”. Uno de los considerandos justificativos, es que los firmantes reconocen como muestra de agradecimiento los ascensos otorgados en forma tan generosa por el gobernante. Una vez que los oficiales de la Policía suscribieron el documento, Zelaya respiró tranquilo. Confiaba que con el apoyo del Ministro de Defensa Edmundo Orellana Mercado y del Ministro de Seguridad, Jorge Rodas, nadie podría oponer resistencia alguna cuando iniciara la última fase de la consulta popular: la instalación de la Constituyente el 28 de junio en horas de la noche. Sin embargo, ignoraba las pláticas secretas entre la oficialidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas, los acuerdos a que habían llegado y el plan de contingencia que en líneas generales habían diseñado” (Martínez, El Diario del Retorno, 77, 78).
Anticipación equivocada de la conducta de las Fuerzas Armadas
La clase política y, especialmente el presidente Zelaya, habían pasado por alto que las Fuerzas Armadas habían pasado a un nivel de subordinación a la ley que, ninguna otra institución nacional había alcanzado. Por ello, aunque el debate en su interior fue muy intenso, no cabe duda que su alta oficialidad, pasó por un proceso en virtud del cual, en un primer paso, pretendieron que el tema político fuese resuelto por los políticos; hasta otro en que se vieron obligados a evitar el golpe de Estado militar y se sometieron, con los dientes apretados, a cumplir con la ley. Por ello, en el momento en que el Estado Mayor Conjunto (el 25 de junio) le dijera al presidente Zelaya que no le acompañarían en la celebración de la consulta del 28 de junio, el presidente no tuvo otra alternativa que destituirlos y estos, proceder, como es natural a acuartelarse, en la espera de los nuevos oficiales que les relevarían de los cargos de mando correspondientes. Lo que Zelaya no anticipó es que, inmediatamente que se conoció la destitución de Vásquez Velásquez y los demás jefes del Estado Mayor Conjunto, se presentaría un recurso de inconstitucional, en vista que no tenía razones jurídicas para destituirlos. Además, Zelaya no podía anticipar, “el grado de complicación que ello traería consigo y la forma como se involucrarían las Fuerzas Armadas. El salto desde la alianza con Estados Unidos a girar en la órbita de Chávez, creaba un desconocido vacío para lo cual la oficialidad no estaba preparada”. (Martínez, 79). Por ello, Zelaya no encontró ningún oficial superior para sustituir a Vásquez Velásquez como Jefe del Estado Mayor Conjunto, ante lo cual, no tuvo otra alternativa que enviar a Raúl Valladares, acompañado de Francisco Hernández Umanzor, para pedirle disculpas al defenestrado Jefe del Estado Mayor Conjunto. Una expresión atribuida al entonces Secretario Privado del Presidente Zelaya, Raúl Valladares, ilustra el lado humano de la crisis: “es que Mel, es hombre complicado”. Pero con todo, el general Romeo Vásquez Velásquez, entendió que el propósito de la visita no era presentar disculpas, sino que sondear el estado de ánimo y la disposición de los militares y saber a qué atenerse. Algunos otros oficiales que participaron junto al alto mando de estas cruciales decisiones, nos han referido que el mencionado alto oficial, no cuenta en el libro que hemos citado, toda la verdad. Por mientras otro militar lo hace, tenemos que atenernos a lo que refiere Vásquez Velásquez, en su libro “Ambiciones Peligrosas”.
La Corte Suprema de Justicia, asume sus responsabilidades y actúan las Fuerzas Armadas
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante el requerimiento de la Fiscalía General de la República, decidieron aceptarlo y nombrar entre sus miembros a un juez natural para tomar las providencias del caso. “El día jueves 25 de junio en horas de la mañana, echaron a suerte quién sería el juez natural para manejar el requerimiento. El favorecido fue Tomás Arita Valle quien, al estudiar los argumentos de la Fiscalía, no pudo hacer otra cosa que lo que derivaba de la lógica del derecho: dictar el día 26 de junio, la orden de captura (en contra de Manuel Zelaya Rosales), dirigírsela a las Fuerzas Armadas. El texto es el siguiente: “Corte Suprema de Justicia. Tegucigalpa, MDC, 26 de junio de 2009. Jefe del estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División don Romeo Vásquez Velásquez, Su Despacho. De orden de este Tribunal de Justicia de la República de Honduras, por conducto del suscrito, nombrado Juez Natural por unanimidad del Pleno de esta Corte, sírvase, por conducto de la autoridad que usted delegue, en capturar al ciudadano presidente de la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, a quien se le supone responsable de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y el Estado de Honduras. Lo anterior a raíz del requerimiento fiscal presentado en esta Corte por parte del Ministerio Público. Atentamente, Tomás Arita Valle”. Otra versión, agrega a la nota citada anteriormente, “líbrese orden de captura por conducto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial al señor José Manuel Zelaya Rosales, y una vez habido tómesele la declaración de imputado. En vista de que los delitos que se denuncian son sancionados con penas muy elevadas y existiendo un peligro de fuga, decrétese el allanamiento de la vivienda del ciudadano antes mencionado en la colonia Tres Caminos, cuarta avenida, segunda casa, mano izquierda, sin número, el que deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime conveniente; y para tal efecto, nómbrese juez ejecutor al ciudadano René Antonio Hepburn Rubio… Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas” (Enrique Santiago Romero, 2010, Un golpe de Estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño. En Crisis Institucional y Golpe de Estado en Honduras. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Tegucigalpa, 77, citado por Martínez, 135). Vásquez Velásquez, refiere que, recibida la comunicación, fue “girada la orden a los comandantes en todo el país, los soldados salieron de sus cuarteles. La movilización fue grande desde el inicio, por eso me extrañó que nadie en el gobierno se hubiera dado cuenta… Cuando el general García Padgett me informó que las Fuerzas especiales estaban listas, sentí una vez más una profunda tristeza por el presidente Zelaya” (Vásquez Velásquez, 490). El teniente coronel René Antonio Hepburn, fue nombrado Juez Ejecutor y que, acompañado por un comando de las Fuerzas Especiales, ejecutaría la captura. Y para que supervisaran la operación, fueron nombrados los coroneles René Osorio Canales, Enrique Hernández Castro y Rodolfo de Jesús Méndez. Las instrucciones eran muy precisas: “Ustedes van a acompañar al presidente en todo momento, desde la captura hasta que lo dejen en el país de destino, sea México o Costa Rica. Se aseguran de protegerlo, de que no le pase nada, de que ningún soldado le toque siquiera; no le dirijan la palabra ni le contesten nada si les hace alguna pregunta. Trátenlo con respeto” (Vásquez Velásquez, 492): Ante el riesgo que en la operación de captura se encontrara con alguna patrulla policial, el Jefe del Estado Mayor Conjunto habló con el Director de la Policía general Salomón Escoto Salinas, para “pedirle que no sacara a la Policía a las calles en este momento”. Escoto Salinas, aceptó la petición, entendió el motivo y ordenó inmediatamente el retiro de la Policía de las calles de la ciudad.
La captura y la expulsión de Manuel Zelaya Rosales
Unos minutos antes de la seis de la mañana del 28 de junio del 2002, se inició el operativo de captura del presidente Zelaya Rosales. “La noche del presidente Zelaya había sido larga. Sus reuniones se sucedieron una tras otra, se comunicaba constantemente con los coordinadores a nivel nacional, hablaba con sus ministros, responsables de dirigir la encuesta en las distintas zonas del país, daba instrucciones, respondía preguntas de sus amigos en Venezuela y Nicaragua, y conversaba con sus periodistas cercanos por última vez. Cuando dejó la Casa Presidencial estaba cansado, pero iba alegre, casi eufórico. Había vencido todos los obstáculos que sus adversarios le pusieron en el camino, y llegaba al 28 de junio fortalecido, con el apoyo de su gente, con los militares neutralizados, paralizados y, seguramente, dominados por el pánico ante la movilización popular y ante la fuerza y determinación que habían demostrado en el asalto a la Fuerza Aérea… La confianza del presidente era completa, tanto como su seguridad en el éxito de la consulta”. (Vásquez Velásquez, 495). A las 5:00 am, estaba en su cuarto, en su casa de la colonia Tres Caminos. El presidente Zelaya, no siempre duerme aquí. “Casi siempre duerme solo en la residencia alquilada que usa en Valle de Ángeles, propiedad de Nadina Lefebre, embajadora de Honduras en el Japón” (Juan Ramón Martínez, Itinerario de una caída, Ed 18 Conejo, 222). Refiere Vásquez Velásquez, que le informaron que “supuestamente hay otra persona del sexo femenino. ¿Su esposa o su hija?, pregunté. Ninguna de las dos, me respondieron. Ellas están en Olancho, dirigiendo el operativo de la Cuarta Urna”. Después no se habla de este asunto. Pero circuló la especie que uno de los oficiales, le había dado 100 lempiras a la joven para que tomara un taxi. “Cuatro oficiales superiores, un general y tres coroneles, capturaron a Zelaya. Ante los requerimientos perentorios del general que comandaba el grupo, uno de los guardias, al que le pareció la voz del que le ordenaba que abriera, como propia del Jefe de la Guardia de Honor Presidencial, abrió la puerta exterior de la casa. Todos los soldados se cuadraron ante sus superiores, bajaron las armas y les dejaron penetrar en la habitación donde dormía Zelaya” (Martínez, 135). “Cuando abrió los ojos, el expresidente Zelaya no entendió muy bien lo que estaba pasando. Con dificultad se vistió, se puso los calcetines, metió los pies en los zapatos que estaban sobre la alfombra; y se colocó una chumpa (jaquet) encima de la camisa. Solicitó que le permitieran una llamada telefónica. Habló con su Secretario Privado (Enrique Reina) con el cual intercambió algunas palabras. Le informó de la situación y le ordenó que avisara de lo sucedido a varios contactos en el exterior. Se puso de pie. Los oficiales le dijeron vamos. Salieron por la puerta principal. En la mano llevaba una pequeña maleta en donde bien doblada, iba un pijama completa, una muda de calcetines, ropa interior y, sus utensilios de aseo personal. En la cartera, llevaba las tarjetas de crédito. Abordaron un carro blanco y se dirigieron al aeropuerto Toncontín” (Martínez, 136). Hay otra versión de este momento singular. “El presidente trató de esconderse, sin embargo, pronto entendió que no podía hacer nada para escapar. Estaba haciendo una llamada telefónica. El oficial del comando se adelantó hacia él y le dijo, señor, por favor, suelte ese teléfono. El presidente dejó caer el celular. No opuso resistencia. Vestía una camiseta blanca, un buzo negro y calzaba tenis Nike, color negro. Sus botas vaqueras y su sombrero Stetson estaban juntos, cerca de él. Miró a los soldados. Estos lo rodearon, aunque el presiente Zelaya no representaba ningún peligro para ellos… La operación de captura había durado doce minutos” (Vásquez Velásquez, 498,499). Unos instantes después, el silencio de los sábados, cubrió la capital. Se iniciaba una época difícil para el país. El mandato de Zelaya, había sido interrumpido. Unos minutos cerca de las 8:00 am, igualmente se interrumpió el fluido eléctrico, en casi todo el país. Anuncio del aislamiento en que estaríamos sometidos los hondureños, mientras Zelaya, desde el exterior, iniciaba el proceso de su retorno al país y al poder. Cosa que lograría, trece años después, por la vía electoral. Historia que también, contaremos en su momento.