Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
El gremio médico, de enfermería profesional y auxiliares, microbiólogos, virólogos, personal de aseo y solidario agrupados en sindicatos y otras organizaciones gremiales y colegios profesionales de la salud dieron un ultimátum al ministro de Salud Pública para que entregue los acuerdos que otorgan plaza permanente a todos los contratados para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.
El plazo vence el próximo jueves 31 de marzo, caso contrario meterán una demanda colectiva ante el Ministerio del Trabajo, la Oficina de Servicio Civil y denunciarán ante la Organización Internacional del Trabajo al gobierno de Honduras por incumplimiento de un acuerdo presidencial en consejo de ministros, aparte de que el Ministerio de Finanzas les adeuda tres meses de labor.
Médicos y enfermeras se han jugado la vida durante los años en que la pandemia mundial atacó a Honduras, muchos de ellos perecieron a consecuencia de contaminarse con el virus y la ausencia de vacunas que a pesar de haber salido temprano no fueron puestas en el mercado internacional porque los países donde se produjeron las acapararon para proteger su población.
El virus SARS-CoV-2 ha mutado varias veces y eso hace que la pandemia no cese a pesar de las diversas vacunas existentes (6).
Varios de los médicos de primera línea a pesar de haber recibido tres dosis de vacunas se han contaminado con la enfermedad y a la vez la han llevado a sus familiares que también a pesar de estar vacunados la han pasado muy mal durante una semana, en lo que se considera un ataque leve de la enfermedad que por lo menos puede ser atacada domiciliariamente con antigripales y otros medicamentos indicados.
El personal médico y de apoyo que reclama acuerdos de plazas permanentes en el sistema sanitario nacional prácticamente se ha declarado en calamidad económica ante el anuncio de Finanzas, de que las arcas nacionales fueron prácticamente saqueadas dejando nada más en ellas unos 800 millones de lempiras insuficientes para cubrir el gasto público, pero sin embargo todo el Poder Ejecutivo, Legislativo y judicial al menos en sus cúpulas ha recibido su salario puntualmente, más gastos de representación y viáticos, incluido el alquiler de helicópteros para su movilización al interior del país y miles de galones de combustible para movilizarse en carros blindados con hasta 40 guaruras cuidándoles las espaldas.
Los médicos y enfermeras también apoyan al personal de aseo y otro que se ha expuesto ante una pandemia que parece no tener fin y que quizá requiera de una dosis anual de vacunas que solo han resultados ser atenuantes y no curativas de la enfermedad.
El gobierno de Honduras espera cambiar la inoculación inyectable intramuscularmente por pastillas equivalentes que ya casi superan la parte experimental requerida por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) de Estados Unidos de América.
El sistema de vacunación hondureña es uno de los mejores del mundo y contrario a lo que varios científicos mundiales afirmaban que vacunar a la población hondureña le llevaría más de 11 años, en apenas dos años el 90% de la población tiene al menos una dosis mientras que el 80% tiene dos dosis y el 75% tres dosis y 1 millón de niños de entre cinco y 15 años ya tienen una dosis y se ha adoptado el modelo de buscar a los reacios a vacunarse casa por casa y de vacunar a los estudiantes de todas las edades en su centro de escolaridad y se estudia la medida de exigir el carnet de vacunación para toda actividad individual y colectiva y así tratar de aminorar los efectos de gravedad y letalidad del COVID-19.
Para ello es fundamental la participación de médicos y enfermeras, virólogos y microbiólogos y personal de apoyo que pese a todas las dificultades económicas y políticas a consecuencia de un cambio radical de gobierno se ha mantenido firme ante la pandemia bajo la filosofía que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.
Ya veremos si las promesas del ministro de Salud Pública José Manuel Matheu de firmar los acuerdos otorgando plaza fija a los contratados tras una exhaustiva investigación de que si en realidad estuvieron en primera línea se cumple en el plazo dado en el ultimátum señalado.
Cabe destacar que en el sistema de Salud Pública de Honduras existe personal médico, de enfermería profesional y auxiliar que tiene hasta 15 años de trabajo por contrato y a pesar de estar por retirarse de la profesión también exige el derecho a que se le nombre en una plaza permanente y se actúa bajo el principio de que el derecho que no se pelea se pierde.
El gremio médico hondureño logró colocar en el Congreso Nacional a varios de sus miembros más beligerantes pero no han podido en el Poder Legislativo imponer su lucha gremial y cuentan con un rechazo político a sus justos planteamientos en beneficio del gremio y ejercicio de la profesión que vivían antes de su actuar político.