Por: Edmundo Orellana
El atropello policial de que fue objeto un médico y su familia en la carretera de occidente, denunciado por los medios de comunicación, lo hemos sufrido muchos hondureños en todo el territorio nacional. Es, pues, un comportamiento normal de la Policía.
No les importa el trauma que provocan en niños y en ancianos cuando, abusivamente, los obligan a bajar del vehículo en el que se transporta la familia, alegando de que deben revisar su interior, simulando que buscan droga o armas, cuando lo que persiguen es humillar a los “civilones”-como nos dicen- y, de paso, extorsionarlos.
Los transportistas de carga son víctimas también de este abuso y callan porque de lo contrario no podrían circular por el acoso policial.
Sigue la Policía operando como en el pasado. Nunca superó la matriz mental con la que surgió del seno de las Fuerzas Armadas, porque nadie se interesó en ello cuando se trasladó al ámbito civil ni cuando la sometieron a los procesos de supuesta depuración en los que han participado hasta ministros religiosos.
Salió de las Fuerzas Armadas porque las estaba desprestigiando, pero los civiles no tuvieron el cuidado de depurarla, heredando, en consecuencia, los problemas por los cuales los militares alegremente se deshicieron de ella.
En su seno, ya en el ámbito civil, se desintegraron los esfuerzos para formar una Policía de investigación profesional, respetuosa de los derechos humanos, como la Dirección de Investigación Criminal, DIC, creada en el Ministerio Público.
Durante 20 años estuvimos sin investigación criminal profesional, lapso en el que se deterioró el ejercicio de la acción pública penal de oficio, y en el seno de la Policía, simultáneamente, se formaban grupos que servían al crimen organizado, apoyando el transporte de la droga, protegiendo a los narcotraficantes y, hasta, sirviéndoles de sicarios, como ocurrió, según trascendió, con los asesinatos de Landaverde y de Arístides González, planeados en el seno de la Policía por altos mandos de la misma.
Los procesos de depuración se justificaron alegando la corrupción policial. Cientos o miles de agentes fueron despedidos, pero no tuvieron el cuidado de acreditar la causa del despido, razón por la cual la mayoría ha recibido sentencia favorable en los juicios incoados en contra del Estado. Lo que este pague en salarios caídos o en prestaciones debe ser recuperado por la PGR mediante la acción de repetición en contra de quienes tomaron la decisión de despedirlos en forma tan arbitraria. No es justo que los contribuyentes paguen estos abusos de los depuradores.
En todo caso, la Policía sigue igual. Atropellando al “civil”, enemigo suyo, por definición, con el mismo ritmo, aunque con menos brutalidad. Su función, desde su perspectiva, no es ayudar al civil, sino someterlo, humillarlo. Para probar este aserto basta observar lo que ocurre con la Policía de Tránsito en la capital de la República. Es la gran ausente y, por consiguiente, culpable del desorden vial; aparece, perezosamente, cuando ocurre un accidente. Quienes están permanentemente auxiliando al peatón son los empleados municipales que cortésmente apoyan a los transeúntes en las islas peatonales. ¿Para qué tener Policía de Tránsito en la capital de la República si quien hace su trabajo son los empleados municipales?
El nuevo ministro de Seguridad y sus viceministros, son profesionales capaces, formados en el respeto a los derechos humanos. Tienen en sus manos la difícil tarea de replantear el sistema policial, impulsando una visión civilista, respetuosa de los derechos humanos, acompañante del ciudadano y a su servicio, como también auxiliar del sistema de justicia. Con la captura de los Valle, el hoy ministro demostró su compromiso con su misión de perseguir a cualquiera, no importa lo vecino que esté del poder, puesto que tal captura le trajo consecuencias que sufriría hasta hace poco, pero que acreditaría su indeclinable lucha en contra del crimen organizado. Por eso confiamos en que harán lo que deben hacer para redireccionar el sistema policial y también para esclarecer los casos que todavía están pendientes y que fueron denunciados en tribunales gringos, sobre la participación de policías de los altos mandos en los asesinatos de Landaverde y de Arístides González.
Mientras los altos funcionarios del régimen pasado, temerosos de la justicia, se refugian en el extranjero, es deber del gobierno iniciar la reconstrucción del país, y parte importantísima de esta reconstrucción es, justamente el sistema policial. Se le debe al pueblo que el 28 de noviembre pasado decidió expulsar las prácticas corruptas del gobierno e iniciar el proceso de construcción de un país muy diferente al que vivimos bajo JOH. Para que nunca más retornen las prácticas corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?