Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) detalla que la pobreza, desigualdad, discriminación, violencia e impunidad marcaron la situación de los derechos humanos en Honduras, en 2021.
El informe detalla las serias consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID-19 y la devastación que causó el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota en el año 2020.
La representante del OACNUDH, Isabel Albaladejo Escribano, indicó que los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía fueron afectados por la pandemia, lo que agravó los niveles de pobreza y desigualdades.
Expresó su preocupación por los niveles de violencia e inseguridad ciudadana, especialmente el impacto en las mujeres y la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexual (LGBTI).
VIOLENCIA ELECTORAL
Comentó que el 2021 en Honduras estuvo marcado por el proceso electoral, ya que desde su convocatoria hasta el día D, la OACNUDH registró 69 casos de violencia, 32 muertes, 17 atentados, 12 amenazas, siete agresiones y un secuestro.
Entre las 69 víctimas están 26 alcaldes, 12 miembros activos de partidos políticos, siete diputados, siete activistas, seis familiares de candidatos, cuatro regidores y otros.
Según la OACNUDH, en el departamento de Francisco Morazán ocurrió el mayor número de hechos de violencia de política electoral, con 15 casos, seguido de Santa Bárbara con nueve.
A su vez, señaló que, desde la convocatoria a las elecciones primarias hasta el día de los comicios generales, seis mujeres fueron víctimas de violencia en el contexto electoral.
SISTEMA DE JUSTICIA
Albaladejo detalló que las principales falencias del sistema de justicia fueron el debilitamiento de la independencia judicial, causado por la falta de procesos de selección de funcionarios que garanticen criterios de idoneidad, mérito y competencias técnicas.
Mencionó que otro factor que empaña la justicia es la falta de motivación suficiente de las decisiones judiciales y la impunidad, además, dijo que la legislación hondureña limitó la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el proceso penal.
La OACNUDH lamentó el poco avance en las investigaciones a las alegaciones de violaciones de derechos humanos por la crisis política de 2009 y la crisis postelectoral de 2017, así como la desaparición de cinco garífunas de la comunidad de El Triunfo de la Cruz.
El informe indica que el modelo del año 2021 estuvo caracterizado por el fuerte rol de las Fuerzas Armadas, que cumplieron funciones en materia de seguridad ciudadana, especialmente la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Reveló que el presupuesto fue mayor para la Secretaría de Defensa que para la de Seguridad.
REFORMA POLICIAL
La OACNUDH sostuvo la necesidad de que el Estado avance en el cumplimiento de reducir gradualmente la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad ciudadana y de crear un plan definido para completar la reforma de la Policía.
Además, reveló que en el 2021 se reportaron 32 casos de violaciones de DD. HH. cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, de los cuales 14 son muertes por detención, 12 torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y seis ejecuciones extrajudiciales.
Entre estos casos de violaciones de DD. HH. está la muerte de la joven Keyla Martínez, en una estación policial, tras ser detenida por incumplir el toque de queda en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá.
La representante también informó que la OACNUDH documentó de nueve posibles casos de tortura o malos tratos por parte de miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) durante interrogatorios realizados antes del registro formal de la detención.
CÁRCELES SATURADAS
Señaló que al menos 63.5 por ciento de la población penitenciaria está recluida en centros dirigidos por personal militar, y 19.4 por ciento y 17.1 por ciento, respectivamente, en centros dirigidos por la Policía Nacional y personal civil.
La representante de la OACNUDH citó datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que indican que las cárceles hondureñas albergan 20,687 adultos privados de su libertad, de los cuales, 1,219 son mujeres, pero solo hay una capacidad para 14,780 reos. (DS)