Por: Carlos López Contreras
Cuando escuchamos a la señora Presidente en su mensaje inaugural que Honduras sería un país libre de minas, hubo quienes entendieron que se trataba del desminado de la frontera hondureña-nicaragüense, pero eso lo realizaron expertos de la OEA a comienzos de los años 90.
En realidad, la señora Presidente proponía que Honduras fuera un país libre de la industria extractiva de metales. Un tema, de suyo, altamente complejo y controvertido.
Nadie discute que la industria extractiva daña el ambiente, pero por ese motivo los estados promulgan leyes restrictivas diseñadas para mitigar los daños. En Honduras, la legislación aplicable prevé que una empresa que ha cumplido los requisitos legales y obtenido un área para exploración y posterior explotación, de una parte del área asignada si descubre una veta rentable, el municipio en cabildo abierto puede oponerse a la explotación. El legislador consideró que era esta una garantía de última hora para la población afectada, pero la mayoría de los expertos internacionales estiman que es una medida extrema para el inversionista porque, normalmente, la exploración puede durar entre diez y quince años, cuya inversión, tiempo y trabajo se perdería.
Somos conscientes que toda actividad humana contamina el ambiente: la construcción de una carretera, de un edificio, de una ciudad, de una represa, el desarrollo de una empresa industrial, en fin, hasta vivir contamina, pero la gente no renuncia a la vida. Y la actividad humana, constructiva, está al servicio de la colectividad humana. Los países que no se industrializaron en los siglos XIX y XX, se quedaron pobres en comparación con los que sí lo hicieron.
El concepto moderno de la actividad extractiva es que el inversionista, cuando termina con su actividad de explotación, debe dejar el sitio y el ambiente como lo encontró. Así lo dice la ley hondureña y en esa senda se ha inclinado el Estado al participar en la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés).
Países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y México no podrían declarar sus territorios libres de la actividad extractiva porque sus exportaciones dependen desde un 55% en delante de esa industria. El caso de Venezuela es todavía más elocuente, pues puede llegar a un 94%.
Para abordar con propiedad el tema de la industria extractiva en Honduras, conviene saber que las concesiones para exploración no llegan al 4% del territorio nacional y, de ese porcentaje, solo se explota una parte muy reducida.
Honduras por tradición ha sido un país minero de oro, plata y otros metales. Por algo aparecían en el escudo original la representación de las minas y los instrumentos de trabajo minero. Conviene también saber que el problema de la contaminación ambiental no es necesariamente el resultado de la minería legal, bajo la vigilancia del Estado y, hoy en día, de una supervisión internacional, sino que de la minería al margen de la ley, donde no existen controles ambientales.
Si ya existe un problema con la minería ilegal y a Honduras se declarara libre de la industria extractiva, esa actividad al margen de la ley se intensificaría. En la parte amazónica del Perú, siendo un país con regulación rígida, tienen el problema de la actividad minera clandestina, en muchos casos ligada con el narcotráfico y el crimen organizado.
Siempre se ha dicho que Honduras tiene muchas riquezas en el subsuelo, pero no existe un mapa geológico confiable que permita hacer una planificación adecuada. El Banco Mundial ha estado anuente a financiar el estudio de un mapa geológico, si Honduras verdaderamente tuviera interés en esa actividad.
Aunque desde las perspectivas del PIB, de la generación de oportunidades de trabajo directo (actualmente unas 8 mil personas), de la generación de divisas y de la captación de impuestos nacionales, la actividad extractiva es limitada, tiene importancia para las alcaldías donde se explota esta actividad y para su población.
Honduras tiene una amplia potencialidad de desarrollar racional y con respeto de la naturaleza la explotación de sus recursos naturales, pero también puede renunciar a ella, incrementando el desempleo, la pobreza y la migración.
Es muy arriesgado que Honduras se convierta en país libre de la industria extractiva, de la maquila, de la industria productiva en fin, libre de esperanza.
Pudiera ser que nuestro pueblo esté parado en un emporio de riqueza minera, pero si se prohíbe la exploración, nunca lo sabremos. Lo mismo ocurre con los tesoros subacuáticos; es posible que se encuentren naufragios valiosos en nuestros mares, pero de nada le sirven al pueblo ni a la cultura si no se pueden ver ni aprovechar.
Como dice el proverbio: lo peor que le puede pasar a un rico avaro, es morirse de hambre con tal de no gastar su riqueza.