Por: Edmundo Orellana
Desde el Congreso surge la iniciativa de reducir los salarios para que nadie gane más que la Presidenta, por los problemas financieros del gobierno. Loable iniciativa, pero dudamos que tenga el impacto que persiguen sus promotores.
Algunos diputados son más radicales. Promueven que, además, se reduzca en un tanto por ciento los sueldos de todos los servidores públicos. Sin embargo, no se toma en cuenta que estos no pueden dedicarse a otra actividad que les genere ingresos, como sí pueden hacerlo los diputados. Estos, en efecto, pueden ejercer sus respetivas profesiones: los médicos continúan ejerciendo sus plazas en los hospitales públicos -algunos más de dos (por cada una de estas plazas reciben aguinaldo, vacaciones pagadas, etc.)- y pueden atender en sus clínicas privadas; los docentes, pueden seguir impartiendo clases en los centros educativos estatales; los abogados y notarios ejercen su profesión sin restricción alguna (se interpretó la Constitución en el sentido de que el diputado no es funcionario y no tiene anexa jurisdicción, para permitir a los abogados el ejercicio del notariado). Además, los diputados que al momento de su elección son jubilados siguen gozando del beneficio de su jubilación, según la ley de Injupemp.
La contradicción de quienes promueven la reducción salarial de sus compañeros diputados, conservando esos privilegios, es evidente. En lugar de esta iniciativa, ¿por qué no promueven la dedicación exclusiva a su cargo de diputado? Sería más saludable para las finanzas del país y se elevaría la calidad de la función legislativa.
En definitiva, fijar un techo para los sueldos es conveniente, pero no lo es, por demagógica, la iniciativa de reducir, indiscriminadamente, los sueldos.
Pero no son los sueldos el verdadero flagelo del pueblo hondureño. Lo que más daño provoca al país es la corrupción. Es esta la que nos deja sin hospitales, sin médicos, sin medicinas, sin escuelas y sin maestros. Es la verdadera causa de nuestro atraso económico y social.
Las contrataciones y las concesiones son fuentes importantes de corrupción y muchos contratos y concesiones requieren, para su eficacia, aprobación legislativa. Los honorables diputados ejerciendo esa función pueden impedir que el Estado sea estafado por contratistas o concesionarios inescrupulosos o evitar que funcionarios corruptos se coludan con los contratistas o concesionarios para perjudicar al Estado; igualmente, para eliminar el monopolio de concesiones y la explotación sin control de los recursos naturales.
La derogación de la ley de secretos es, desde luego, un gran salto, pero combatir más eficientemente la corrupción requiere de algo más: la rendición de cuentas. No en la forma que acostumbra Finanzas cuando remite al Congreso su famosa e inextricable liquidación presupuestaria, sino en una presentación inteligible y amigable, de modo que el ciudadano pueda conocer directamente la ejecución presupuestaria, por programas, proyectos y actividades, en cada departamento, municipalidad y hasta en barrios, aldeas y caseríos. Con esta exposición al público de la ejecución presupuestaria muy poco margen queda para la corrupción y, por otra parte, se elimina la sospecha de corrupción en la percepción que de la administración tiene el ciudadano.
El control del presupuesto también es otra medida importante. Pero combinando el control clásico con las veedurías de la población, que permita a esta vigilar el proceso de elaboración, aprobación y ejecución, para generar mayor confianza en el proceso de decisiones y en la ejecución. A nivel municipal, el presupuesto participativo podría ser parte de la fórmula para combatir la corrupción.
Acercar la administración a la población es otra medida importante para combatir la corrupción, que está al alcance del legislador. Cuando las decisiones se procesan en lugares distantes e inaccesibles el ciudadano puede ser una víctima fácil de la enfermedad que padecen los burócratas: el burocratismo. En lugar de centralizar se debe descongestionar el centro y trasladar a las municipalidades funciones que hasta ahora cumple el Ejecutivo.
No solo se trata, pues, de desmontar la estructura de impunidad construida durante estos doce años de desgobierno, se trata, además, de erigir un nuevo Estado, más próximo al ciudadano, pero más eficaz y eficiente, sometido al control de la población que lo sostiene con sus impuestos, lo que lograremos si no perdemos el tiempo y no nos distraemos con pequeñeces, dedicándonos, sin descanso, a luchar contra la corrupción. Para erradicar las prácticas corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?